El secretario general de CCOO- Euskadi, Unai Sordo, reclamó ayer a las distintas administraciones públicas de la CAV que revisen las políticas fiscales, ya que, según dijo, las políticas de recaudación fiscal son «claves» para realizar políticas «potentes» de reactivación económica.

Asimismo, criticó que «durante los últimos años de bonanza, las instituciones vascas promovieron políticas desfiscalizadoras», ya que «por un lado redujeron la progresividad en los tipos impositivos a aplicar a los diferentes niveles de renta, y por otro se ha reducido la capacidad de recaudación mediante los tipos que se aplicaban a las rentas más altas».

Aunque toda esta política desfiscalizadora ha estado marcada por un alto volumen de recaudación, Sordo aseguró que esa realidad «era producto del alto nivel de crecimiento económico y de consumo, y no de la política fiscal en sí». En este sentido, destacó que es «fundamental» revertir dichas dinámicas recuperando el papel «preponderante» de los impuestos directos, por su papel no sólo recaudatorio, sino «redistributivo de la renta»; subiendo tipos marginales a las rentas más altas del IRPF; dotando de progresividad a los impuestos sobre el capital, ya que están «favorablemente discriminados» frente a las rentas de trabajo; y llevando a cabo medidas frente al fraude fiscal.

Negociación colectiva

Por otra parte, Sordo denunció «la paralización generalizada» de la negociación colectiva en la Comunidad Autónoma Vasca, lo que está suponiendo una congelación salarial para todas aquellas personas cuyos convenios se encuentran sin renovar.

En este sentido, exigió a las organizaciones empresariales que «activen» y den salida a los convenios atrasados, ya que «la situación económica no puede ser justificación para no renovar las condiciones de trabajo». Sordo advirtió de que no van a permitir que se cuestionen las previsiones de IPC como base mínima de calculo de los incrementos salariales.

El secretario general aseguró que evaluarán la predisposición de las organizaciones empresariales para dar pasos concretos en los convenios vigentes y que en caso de encontrar resistencias iniciarán un proceso de movilizaciones durante el otoño.

Mientras tanto, el ministro de Trabajo e Inmigración del Gobierno español afirmó ayer en Madrid que si la población activa aumenta al mismo ritmo que en los últimos años la tasa de paro podría llegar al 20% en el Estado español.