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Comisión bilateral de cooperación

Lakua consultará a Madrid sus proyectos de ley para evitar litigios

El Ejecutivo de Lakua y el Gobierno español acordaron ayer que para evitar en el futuro recursos de inconstitucionalidad u otros conflictos judiciales «actuarán previamente». Así, en adelante «habrá un intercambio de información mutua entre la comunidad autónoma y el Estado sobre las previsiones de los proyectos de ley y reglamentos», para que cada administración pueda presentar las consideraciones y propuestas que considere oportunas.

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Iñaki IRIONDO | GASTEIZ

De aquí en adelante los proyectos de ley que vaya a presentar el Gobierno de Lakua habrán de pasar un trámite más. No sólo serán necesarios la exposición de motivos, los informes de los servicios jurídicos, las valoraciones de los consejos asesores o la evaluación previa del impacto en función del genero; ahora deberán también ser consultados con Madrid para evitar recursos de inconstitucionalidad u otros litigios judiciales. También la administración española debería consultar a la autonómica sobre sus leyes y reglamentos, pero viendo cuál ha sido hasta la fecha la parte más litigante, no cabe duda de que el verdadero «filtro previo» será el que Lakua tendrá que pasar en Madrid.

Este es uno de los acuerdos alcanzados ayer en la primera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación que se ha celebrado desde 1997. Según explicó Patxi López, tras repasar los litigios pendientes «ambas administraciones hemos manifestado la firme voluntad de evitar, en la medida de lo posible, las controversias judiciales actuando previamente sobre los asuntos. Hemos acordado impulsar un intercambio de información mutua entre la comunidad autónoma y el Estado sobre las previsiones de los proyectos de ley y los reglamentos, que permitan a ambas administraciones presentar las consideraciones y propuestas oportunas y evitar así futuros conflictos judiciales. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio del pleno respeto a las prerrogativas que corresponden a cada administración en la defensa de sus competencias».

Plena colaboración

Esta medida se inscribe en la voluntad del Ejecutivo de López de cimentar su relación con el Gobierno español en la colaboración y no «en el conflicto que no beneficia a nadie». Por ello, ya se anuncia para antes de que finalice el año una nueva reunión de esta Comisión Bilateral de Colaboración, que además ha creado en su seno cuatro grupos de trabajo.

Entre estos grupos hay uno referido a la Unión Europea y la Acción Exterior que, según avanzó López, estudiará medidas para potenciar el euskara en el exterior y, además, acordó que durante la presidencia semestral española de la UE el Consejo de Ministros Europeo de Competitividad se celebre en Donostia.

También es intención de los gobiernos -según recalcaron el lehendakari, Patxi López, y el vicepresidente tercero español, Manuel Chaves- trabajar más intensamente en el ámbito de los convenios de colaboración. En próximas reuniones harán una evaluación más profunda del funcionamiento de estos mecanismos de cooperación.

«Transferencias por la vía marcada por el Parlamento»

El lehendakari, Patxi López, anunció ayer que la transferencia de las políticas activas de empleo, que se oficializará en las próximas semanas, será conforme a lo acordado en el Parlamento de Gasteiz. El vicepresidente tercero del Ejecutivo español y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, adelantó además «el compromiso firme del Gobierno de España con el despliegue del Estatuto sobre la base del Informe Zubia que aprobó el Parlamento de Euskadi».

¿Por qué entonces esos acuerdos y ese desarrollo no han sido posibles hasta ahora? Según López, porque «hemos abandonado la política del todo o nada para avanzar paso a paso». Y en el caso concreto de las políticas activas de empleo, porque no se toca la «caja única» de la Seguridad Social.

En cualquier caso, todavía no hay concreciones sobre esta transferencia y López tampoco se prodigó ayer en detalles. Se da por hecho que entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Sea como fuere, lo que el Parlamento aprobó el 4 de noviembre de 2005 con el voto de PSE, PP, PNV, EA y EB fue la urgencia de «disponer en la Comunidad Autónoma de un único sistema público de empleo, a cuyo efecto considera urgente la transferencia de las políticas activas de empleo, incluida la formación ocupacional y continua, utilizando para el cálculo de la misma la metodología del Concierto Económico».

A esto se añadía -y este punto resulta ahora sustancial- que «el Parlamento Vasco reafirma la vigencia del artículo 18.2.b) y de la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía, que reconoce a la Comunidad Autónoma la competencia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social». I.I.

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