Tanto Aralar como Nafarroa Bai se han hecho eco del informe presentado por Amnistía Internacional sobre el régimen de incomunicación, pero de modo diferente. Mientras Maiorga Ramírez, presidente de EA, afirma en nombre de la coalición que la situación «es inadmisible», Aralar retó ayer a UPN, PSN e IUN a que incorporen este informe al Pacto anti-ETA que están negociando.

El partido que lidera Patxi Zabaleta argumentó que cualquier «acuerdo contra el terrorismo» tiene que basarse «en la defensa de todos los derechos humanos sin exclu- siones, y en la denuncia de la vulneración de todos y cada uno de los derechos independientemente de donde proce- dan». Por eso, dijo que si no incorporan el texto de AI estos partidos «quedarán desautorizados».

Aralar recordó que «este pacto no es demandado ni necesitado por la sociedad navarra, nace con voluntad frentista y para generar crispación y conflicto en la sociedad, y tiene además el agravante de ser sensible tan sólo para quienes sufren la violación de derechos por la violencia de ETA».

Secuestro de Saralegi

En paralelo, Ramírez acusa en nombre de NaBai al Estado español de «haber tomado la sentencia de Estrasburgo como carta blanca para recortar derechos y libertades». Y alude directamente al informe de AI, que sitúa como «advertencia vergonzante para los poderes del Estado, que requiere una respuesta pública».

En opinión de Maiorga Ramírez, presidente de EA en Nafarroa, todo ello está creando «un clima social y político preocupante, que da pábulo a actuaciones unipersonales como las del alcalde de Aoiz, que ordenó borrar un arrano beltza de la fachada de una casa particular». Añade que «lo que es más grave, alimenta la posibilidad de hechos como el relatado por un miembro de Gora Iruñea!, que ha denunciado públicamente haber sido secuestrado varias horas».