El Consejo de la Real Sociedad animó ayer a todos sus acreedores a que se adhieran a la propuesta de convenio que ha presentado y que ha aprobado este lunes el juez Malagón, encargado de seguir el proceso abierto tras acogerse a la Ley Concursal.

La conclusión más importante del convenio es que la viabilidad de la Real pasa porque Kutxa y Diputación renuncien a cobrar su deuda de 26 millones de euros a corto-medio plazo y la conviertan en préstamos participativos que sólo permitirán reducir esa cantidad en el caso de que se vendan jugadores, inmuebles o se den otros ingresos diferentes a los ordinarios, en cuyo caso recuperarían un 20% de los beneficios netos extraordinarios en el caso de estar en Segunda y un 15% en Primera.

Según desveló ayer Jokin Aperribay, la deuda de la Real ha pasado de los 25,4 millones que se contabilizaban en junio a los 37 «por contingencias fiscales por un acta del IRPF sobre las retenciones a los jugadores extranjeros, a los que se les abonaba parte de su salario por derechos de imagen o federativos. Casi todos los clubes la han practicado y así ha habido un acta por el que se reclama al Barcelona 60 millones. A la Real se le ha comunicado el acta a principios de setiembre y es una práctica que se daba con todos los Consejos anteriores. No había habido un cambio en ningún Consejo. Era una práctica habitual en la Real y el fútbol español y lo hemos debido regularizar. Casi todos los clubes lo están haciendo».

6,5 millones para aprobarlo

Además la deuda podría ascender en 3,4 millones con Hacienda por el IVA de los abonos, caso inmerso en un proceso judicial. De los 37 de deuda, 12,9 son ordinarios, 19,2 privilegiados y 4,9 subordinados. Los primeros son los que votan la propuesta de convenio y por eso sólo se necesita que los que representen una deuda de 6,5 lo aprueben.

De esos 12,9 ordinarios, tres corresponden a Kutxa, uno a la Diputación y el resto fundamentalmente a los jugadores y a los clubes convenidos. Como la LFP ha presentado avales para que los jugadores hayan podido recibir unos pagarés para cobrar su deuda, los futbolistas deberán estar de acuerdo con ella -que así quedaría como tercer acreedor más importante con unos cinco millones- al votar.

Por las conversaciones mantenidas con las instituciones, la LFP, clubes convenidos y otros acreedores, no se espera que haya ningún problema para que se apruebe el convenio y lo más previsible es que todos menos Kutxa y Diputación elijan la primera, que consiste en aceptar una quita del 50% de la deuda y cobrar la otra mitad en un plazo de cinco años que se pagarían en tres partes iguales entre el 2012 y el 2014. Serían unos 5,5 millones, casi dos millones a pagar en cada ejercicio. De ascender, se adelantarían los pagos.

Préstamos participativos

Kutxa y Diputación, con sus 26 millones de deuda, no pueden acogerse a esa primera alternativa porque si no la sociedad quedaría en causa de disolución. Por eso se espera que se acojan a la segunda o a la tercera propuesta que recoge el convenio. La segunda pasa por aceptar una quita del 40% y cobrar el 60% y tiene preferencia sobre la tercera, en la que se mantiene la deuda al 100%, pero sólo se elimina cuando se hayan abonado las deudas de los anteriores y se registren ingresos atípicos excepcionales por venta de jugadores, de inmuebles o ingresos no previstos en el plan de viabilidad. También se contempla la conversión de deuda en contraprestaciones publicitarias. El plazo para cobrar sería de 20 o 30 años.

En estas dos propuestas la deuda se convierte en préstamos participativos. Según explicó el abogado José Luis Martínez, «es algo similar a los fondos propios de la sociedad. No es capital ni tiene los derechos de los accionistas, pero bajo el punto jurídico es patrimonio neto de la sociedad y no sólo tiene ventajas por el plazo de los pagos, sino que permite que el patrimonio neto sea positivo».

Desde el Consejo se trasmitió optimismo y se quiso «agradecer a los acreedores por su comprensión. Han estado al lado nuestro con ganas de aportar una solución y hemos negociado el convenio con una parte importante de acreedores y nos vamos a poner en contacto con todos. A partir de ahora, nos toca buscar las adhesiones».

El plazo para recogerlas arrancará en octubre y debe finalizar antes del 2 de diciembre. Si todo marcha con normalidad, la propuesta será aprobada y a partir de ese momento el club debería dejar de estar intervenido por los administradores concursales y se conformaría una comisión de seguimiento formada por un representante de cada uno de los tres principales acreedores -Kutxa, Diputación y LFP- junto con un cuarto de la Real que se reunirían dos veces al año para analizar los datos económicos y confirmar que se cumplen los plazos de pago acordados.