Los colectivos sociales y sindicales de Barakaldo realizaron ayer una concentración ante la sede del INEM para exigir una mayor cobertura social para los desempleados, los excluidos y los pobres, «que van en aumento ante los efectos directos negativos de la crisis económica». Justo el día en que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó que todavía queda un año para que se empiece a generar empleo, diferentes asociaciones de vecinos de El Carmen, Rontegi, San Vicente y Zuazo-Arteagabeita, la Asamblea de Parados, Barakaldo Gazte Asanblada, Berri-Otxoak, Centro Asesor de la Mujer «Argitan», ELA, LAB, ESK, CNT y JOC demandaron más atención porque la alarma roja se ha activado, de nuevo, en Ezkerraldea. La protesta tendrá continuidad el viernes 2 de octubre a las 20.00 en la plaza Bide-Onera para denunciar «las otras caras de la crisis».

Ildefonso Rodríguez, ex trabajador de Elecqui, señaló a GARA que «queremos denunciar la situación que atraviesan cientos de familias en Barakaldo en situación crítica y grave, porque se encuentran en paro o en la pobreza». Culpó de forma directa a la asistencia social del Ayuntamiento de Barakaldo, gobernado por Tontxu Rodríguez (PSE), porque «vemos que se recortan, dilatan y retrasan las prestaciones sociales ante la enorme necesidad de la población y mantienen en los presupuestos una partida de 5 millones para `saraos', actos protocolarios y de propaganda», indicó. También denunció que en el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo «se encuentran paralizados 1.200 expedientes de familias de Barakaldo desde marzo. No hay una respuesta efectiva para evitar la exclusión social a la que se nos aboca». Explicó que la ONG del Banco de Alimentos entrega comida a 125 personas al día «porque no tienen para nada para poder subsistir».

Crisis para los trabajadores

El ex trabajador de Elecqui recordó que tras 24 años de actividad laboral en esa empresa, «un empresario desaprensivo como Ricardo Benedí, la cerró después de haber obtenido enormes ayudas oficiales. Nos dejó en la calle a más de 90 familias, nos mandó al paro y a la pobreza y, en este momento, nos dicen que nos suben los impuestos. Es intolerable. La crisis la estamos pagando los trabajadores, no quienes la han generado. Yo cobro paro, pero hay mucha gente que no, y los impuestos van a minarnos nuestro salario raquítico del INEM». Llamó a la movilización social para sacar a la calle la gravedad del problema, porque «es necesario que la gente demande cobertura social y empleo». Para él, debe servir de «toque de atención» a los empresarios y las administraciones públicas, porque, bajo estas circunstancias de crisis se aprovechan de forma directa para empeorar las condiciones laborales y salariales. «Las administraciones, además, endurecen las condiciones de acceso a las ayudas o, tan sólo, las ocultan para evitar que acudamos a pedir ayuda».

En el encuentro intervino también Iñigo Plaza, miembro de ELA en el comité de Nervacero del grupo Celsa, donde UGT y CCOO han aprobado un expediente de regulación para prácticamente toda la plantilla (430 trabajadores directos). Advirtió de que ni su sindicato ni LAB firmaron el expediente, porque la dirección no se comprometió a no despedir a trabajadores en los próximos años. Ese hecho ha elevado las alarmas, porque Plaza explica que la siderúrgica, que trabaja para el sector de la Construcción, lo tiene complicado «porque el sector no se va a recuperar en nueve meses de expediente». Recalcó, sin embargo que es por «causas productivas» y que la dirección ha aplicado en todas sus plantas una merma de actividad, mientras se ha negociado expedientes «para chantajear a los trabajadores».

Juan Carlos Becerra, miembro de Berri-Otxoak, recordó que la gravedad de la crisis en Barakaldo tiene raíces profundas. «Nuestro punto de información sobre ayudas sociales ha registrado un incremento del 40% de una año a otro. Cáritas está atendiendo a un 50% más de usuarios y los servicios sociales del Ayuntamiento han incrementado en un 30% las solicitudes de ayudas». Para Becerra, el problema parte, al contrario de la crisis anterior de los años 90, que «la gente está entrampada con las hipotecas y sus bajos salarios, quien los tiene, los dedicn a hacer frente a las mismas, por la precariedad».