La nueva política de carreteras de Bizkaia consolida aún más los peajes
PNV, PSE, PP y EA refrendaron ayer en las Juntas Generales de Bizkaia el informe redactado, tras año y medio de trabajo, por la ponencia encargada de analizar la modificación del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Carreteras de 2003. No hay ningún cambio en la política foral en este capítulo para el periodo 2011-2018, pues se mantiene la apuesta por la construcción de grandes infraestructuras viarias, sustentada en el cobro de peajes en la A-8 y la futura Supersur.
Agustín GOIKOETXEA
Nadie se salió del guión y la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Urbanismo aprobó ayer las conclusiones de la ponencia que debía haber finalizado hace diez meses la revisión del Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2003. Tras escuchar a un grupo de expertos y analizadas las carencias del documento, se proponen unas líneas de actuación que, en el plazo de dos meses, tendrán que recogerse en una norma foral que debe presentar la Diputación a la Cámara para su aprobación.
A pesar de que en el informe se habla de «disminuir el número de viajes motorizados o trasladar éstos a los modos de transporte socioeconómica y medioambientalmente más eficaces», o que se constata que el impulso de urbanizaciones dispersas y centros comerciales saturan la red de carreteras, la solución por la que se inclinan PNV, PSE, PP y EA es añadir más kilómetros de hormigón y asfalto a los 1.347 -190 de alta capacidad- que existen en Bizkaia. Se subraya que, a fecha de 2011, la Diputación necesitará 6.830,5 millones de euros para acometer los nuevos tramos de autopista y autovía que propone.
La financiación es, sin duda, el talón de Aquiles del futuro Plan de Carreteras, tal y como lo confesó en abril el ya ex diputado de Obras Públicas, el jeltzale Iñaki Hidalgo, cuando barajó la hipótesis de solicitar un préstamo al Banco Europeo de Inversiones o emitir bonos u obligaciones destinadas a pagar las infraestructuras.
Por ello, se establecen prioridades para el bienio 2011-2013, como la conclusión de los trabajos de ampliación de carriles en el tramo Basauri-Ermua de la A-8, al que se suma la remodelación del peaje de Ermua y su nueva conexión con la N-634 a través de una variante.
Otro proyecto «prioritario» es la ejecución de la conexión entre A-8 y AP-1 a través del vial Gerediaga-Elorrio-Kanpazar, al igual que la puesta en servicio del tramo Muskiz-conexión con la A-68 de la Supersur.
Inversión de 3,753 millones
En el documento se concluye que las obras «prioritarias» supondrán una inversión de 3.753,12 millones de euros. Así, el coste de los trabajos pendientes en la A-8 de Muskiz a Ermua y Supersur supera los 1.035 millones. A los que hay que sumar los 745 millones que costarán los ejes comarcales Markina-Ondarroa/Lekeitio, Zornotza-Gernika, Boroa-Igorre y Mungia-Bermeo.
Otro proyecto propone mallar la Ría a la altura de Axpe, conectando el Eje del Ballonti con localidades de la margen derecha como Erandio, Leioa y Getxo mediante un viaducto que liberará el puente de Rontegi del tránsito de miles de vehículos. La conclusión del Eje del Ballontí supondrá, según las estimaciones, un desembolso para las arcas forales de 136,51 millones y el puente ¯que es la alternativa al subfluvial de Lamiako y al puente de Lutxana, descartados- otros 176,17 millones.
Además, se contempla la construcción de la Variante de Rekalde (124,44 millones) y del tramo Miraflores-Ibarsusi de la Variante Este (176,4 millones).
Mientras los viajes con origen y destino en el área metropolitana de Bilbo seguirán sin pagar peaje, los usuarios de la autopista entre Basauri y Ermua abonarán peaje, al que otorgan un «carácter regulador». Como alternativa se apuesta por desarrollar aparcamientos disuasorios junto a los peajes para los vehículos privados, en los que los conductores podrán acceder a autobuses express (destino Bilbo sin otras paradas).
Además, se aboga por establecer una política de descuentos para aquellos usuarios «cautivos» del vehículo privado que van de su casa al puesto de trabajo y se resalta que se prestará «atención especial» a los vehículos privados de alta ocupación frente a aquellos con sólo el conductor. En este ámbito, las fuerzas políticas que apoyan el PTS apuestan por «homogeneizar» con la Diputación guipuzcoana las bonificaciones que se puedan aplicar, ya que los vecinos de Durangaldea no disfrutan de descuentos y sí los de Debabarrena; tendrán que regirse por una nueva directiva europea más restrictiva.
Para financiar los 3.753,12 millones de euros de los proyectos «prioritarios» se mantendrán los peajes en la A-8 y se establecerán en la Variante Sur Metropolitana, con lo que las arcas forales dispondrán, según las previsiones, de 1.985,5 millones. La sombra de las recientes sentencias judiciales pende sobre la nueva normativa que se perfila. Otros 1.021,62 millones se cubrirán por el presupuesto ordinario de la Diputación vizcaina.
Para acometer los cuatro ejes comarcales se aboga por la fórmula del peaje sombra o pago diferido para obtener 746 millones de euros. Mediante esta fórmula, el conductor utilizará la carretera de forma gratuita. El vial lo construye y financia una empresa y la Administración paga el peaje de los vehículos que circulan por ella, de modo que se financia con los impuestos, pero se evita el endeudamiento de las arcas públicas, aunque la experiencia indica que a largo plazo puede suponer una quiebra económica.
Jesús Isasi, apoderado del PP, no ocultó que la crisis económica puede obligar al Gobierno que preside José Luis Bilbao a retrasar algunos de los proyectos, como el puente de Axpe, según la conclusión que ha sacado del discurso del diputado general del pasado jueves
Nerea Ahedo, portavoz del PNV, se congratuló ayer de que en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras haya concitado el apoyo de las mismas fuerzas políticas que apoyaron la incineradora: PNV, PSE, PP y EA.
Las críticas al informe de la ponencia llegaron en la Comisión por boca del juntero de EB José Ferrera, que censuró que no se incorporen políticas de restricción de vehículos privados ni pone freno a nuevas infraestructuras.
La izquierda abertzale advirtió ayer de que los 3.753 millones de euros de inversión prevista en infraestructuras viarias van a hipotecar de manera «totalmente injustificada» las arcas de la Diputación vizcaina. Para sus apoderados, el Plan Territorial Sectorial que se ha redactado en la ponencia de Juntas Generales «no es consecuencia de una decisión técnica, sino política, para garantizar la actividad de importantes sectores económicos y financieros», como las canteras.
La izquierda independentista subrayó la contradicción que supone que en 2000 se dijera que Bizkaia estaba saturada de infraestructuras y se debía abogar por la gestión de la demanda para disminuir las necesidades de movilidad en el área metropolitana, y la apuesta por acabar con el escaso suelo del que se dispone. «Se están destrozando paisajes y zonas de un alto valor ecológico», dijeron.
«Denunciamos que todo esto se ha decidido y cocinado entre el PNV, PSE y PP, sin abrir a la ciudadanía ningún tipo de debate social, sin plantear ningún tipo de alternativas que no sea la construcción de nuevas autovías», añadieron. A.G.