La vista oral arrancó ayer con la toma de declaración de los tres imputados por un presunto delito de prevaricación por otorgar la licencia para construir una vivienda ilegal a Iñaki Zarandona, esposo de Eva Ansola, por aquel entonces concejala jeltzale en el Consistorio de Etxebarria. Otro imputado, Iñaki Sudupe Oregi, alcalde desde 1995 hasta hace nueve meses, falleció en abril; su puesto lo ocupa desde el 18 de enero Karmelo Gisasola Erkiaga.

Ante las preguntas de las partes, el arquitecto Txema Iriondo justificó sus informes favorables a la concesión de la licencia, atendiendo a los datos que obraban en su poder y se solidarizó con la familia Zarandona, a quien se derribó en junio de 2007 la vivienda en cuestión por sentencia del TSJPV.

A su vez, los otros acusados dijeron no ser conscientes de que estaban cometiendo una irregularidad al conceder la licencia, a pesar de que los ediles de la izquierda abertzale insistieron en que no estaba probada que la vivienda a construir estuviera ligada a una explotación agroganadera; los jeltzales se negaron a comprobarlo, tal y como se les requirió entonces.

Jesús Iriondo, edil en 1997 y ahora de nuevo, llegó a decir que las iniciativas de la oposición en los tribunales tenían su origen en la pérdida de la Alcaldía en 1997 por 17 votos, achacando a Zarandona un ímprobo trabajo para que el PNV la lograse. También confesó que no escucha los argumentos de los concejales de la oposición, quienes, por cierto, manifestaron en sus declaraciones que de haberse probado la relación entre la vivienda unifamiliar y una explotación agroganadera hubieran desistido de seguir los procesos judiciales.

La condición de baserritarra de los beneficiarios de la licencia fue lo que fiscal y defensa trataron de probar en el interrogatorio a los testigos de ayer: siete electos independentistas y el matrimonio formado por Iñaki Zarandona y Eva Ansola. Una sentencia del TSJPV de 2001, ratificada en 2004 por el Tribunal Supremo español, ordenó la demolición de la vivienda unifamiliar al estimar que la construcción «no acreditaba mínimamente que guardara relación alguna con una explotación ganadera».

En el interrogatorio a los testigos salió a relucir que la transparencia no es una de las cualidades de los actuales responsables municipales -dos de ellos encausados en este proceso-, ya que la oposición aún desconoce muchos extremos de otro pleito que enfrenta en los tribunales a la familia Zarandona y al Ayuntamiento, que han llegado a pedir hasta 1,2 millones de euros de indemnización.