Persecución de la solidaridad con los presos políticos
Lakua gastará medio millón de euros en quitar carteles y fotos que acaban en galerías de tiro
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, firmaron ayer un protocolo de colaboración para trabajar conjuntamente en la retirada de carteles, pintadas y fotografías «que vulneren la ley y ofendan gravemente la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo». El Gobierno de Lakua aprobará el 6 de octubre una partida de al menos 500.000 euros para sufragar los gastos que se originen tan sólo en lo que queda de año.
GARA | BILBO
El Departamento de Interior y Eudel tienen ya un «Protocolo de actuación para prevenir y eliminar la existencia de pintadas y carteles de enaltecimiento del terrorismo en los municipios vascos». El objetivo declarado es «sumar esfuerzos» para garantizar la coordinación de los medios, con el objetivo de lograr quitar elementos que «vulneran» la Ley de Víctimas del Terrorismo y que «ofenden» a dichas víctimas.
Ocurre, sin embargo, que existen numerosas lagunas legales sobre en qué consiste la ofensa a las mencionadas víctimas. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictaminaba que la mera exhibición de fotografías de presos no era delito. Ante esto, la Audiencia Nacional decidió prohibir todo acto en el que podían aparecer dichas fotos. El consejero de Interior ha venido diciendo una y otra vez que no actúan contra la reivindicación de la repatriación de los presos vascos, sin embargo sus agentes sí han retirado banderas, pañuelos y borrado pintadas con esos lemas y otros similares.
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el presidente de Eudel y alcalde jeltzale de Tolosa, Jokin Bildarratz, destacaron ayer su sintonía y acuerdo después de que durante el verano se hubieran producido algunos roces. No quedó claro si el nuevo clima de relaciones se debía a que se habían aclarado cuáles eran los límites entre su intervención y el respeto a la libertad de expresión, o sencillamente a que el Gobierno de Lakua se muestra dispuesto a correr con parte de los gastos.
Con el objetivo de dar un apoyo económico a estos trabajos, el Gobierno autonómico aprobará en su próximo Consejo de Gobierno, el martes que viene, una primera dotación que será de 500.000 euros para este año y, hasta que se necesite, se seguirán destinando partidas, que serán superiores a la de 2009.
Vigilancia y txosnas
El acuerdo sostiene que la legislación actual prohíbe la realización de pintadas y colocación de carteles que supongan exaltación terrorista. Por ello, coinciden en que resulta necesario que las instituciones hagan uso de los medios de los que dispongan «para prevenir y evitar tales actos y, en el caso de que se hubieran producido, proceder a su más pronta eliminación y supresión».
En el texto se destaca que ambas instituciones comparten el «mismo objetivo», que es el de erradicar este tipo de simbología. Por lo tanto, en primer lugar se velará para evitar que lleguen a producirse estos actos ilícitos y, de producirse, se trabajará para que las pintadas desaparezcan «a la mayor brevedad».
Además, se establece que los ayuntamientos pondrán especial atención a las bases que regulen la concesión de las licencias para la instalación de txosnas, de manera que puedan articularse mecanismos como sanciones administrativas, ejecución de los avales o revocación de la licencia para aquellos supuestos en los que «deliberadamente» se proceda a la colocación de elementos que exalten el terrorismo.
Críticas
Tras conocerse el acuerdo, el sindicato LAB hizo público un comunicado en el que denuncia que las administraciones vascas «vuelvan a utilizar a sus trabajadores en defensa de los intereses del Estado y no de los de su ciudadanía». Critica además que los ayuntamientos ya vienen utilizando a sus empleados en estos «trabajos sucios».
También el movimiento pro-amnistía se mostró contrario al acuerdo, señalando que «cada foto de un preso es el recuerdo de que hay un conflicto político sin resolver en Euskal Herria». Añade que el texto firmado por Jokin Bildarratz muestra la verdadera posición del PNV.
El presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, declaró en el acto que la firma de este acuerdo está motivada porque se quiere trabajar en la prevención con mayor rapidez y coordinación y destacó que «el mejor cartel es el cartel que no se imprime y la mejor pancarta aquella que no se coloca». Añadió que se actuará con mayor urgencia y rapidez y se congratuló de que puedan contar con «más seguridad y apoyo económico» para realizar esta tarea. Asimismo, destacó la importancia de que ambas partes realicen pedagogía para una convivencia, «en la que nadie se sienta ofendido o atacado». Bildarratz manifestó que está «blanco sobre negro» el compromiso de los ayuntamientos en esta materia.
Según describió, el acuerdo es «total» entre los ayuntamientos y el Gobierno de Lakua, porque lo que se pretender es «cumplir» la ley y «cuidar a las víctimas del terrorismo», a las que hay que «dar calor y entenderlas».
El presidente de Eudel, que afirmó que los ayuntamientos «ni legislan, ni juzgan», indicó que comparten el objetivo de retirar elementos de exaltación del terrorismo de las calles vascas. Añadió que lo que les corresponde como consistorios es el ejercicio de las libertades y de la convivencia y aseguró que lo han hecho hasta ahora y lo van a seguir haciendo.
Bildarratz recordó que ha sido un tema «difícil y complicado» en el que puede que no se haya actuado públicamente con la «suficiente sutileza e inteligencia», pero señaló que es bueno «dejar reposar todo» y realizar un trabajo «constante, discreto y coordinado».
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, por su parte, destacó el compromiso de ambas partes para que las instituciones lideren la repulsa y rechazo a la violencia de ETA y a quienes la amparan.GARA
El grupo parlamentario de Aralar afirmó ayer en el Parlamento de Gasteiz que pedirá la dimisión del consejero de Interior, Rodolfo Ares, si no «rectifica y pide perdón a la familia de Jon Paredes», Txiki, por la actuación de la Ertzaintza el pasado domingo en el cementerio de Zarautz, impidiendo a familiares y amigos que realizaran un sencillo acto de recuerdo al fusilado por el franquismo.
«Lo que pasó el domingo en el cementerio de Zarautz es la gota que colmó el vaso, porque creemos que en Euskadi no se puede permitir tener un consejero de Interior que prohíbe a las familias hacer un acto de memoria por su hijo, que hiera de la forma que está hiriendo el consejero Ares», afirmó la portavoz del grupo, Aintzane Ezenarro.
«Por tanto, si no rectifica y no pide perdón a la familia de Jon Paredes, el grupo parlamentario de Aralar pedirá la dimisión del señor Ares», aseveró.
La parlamentaria explicó que ya han registrado dos interpelaciones en la Cámara vasca. Una sobre lo de Zarautz y otra en la que contempla la actuación de la Ertzaintza en la concentración convocada por Etxerat en Arrasate el pasado viernes con la retirada de los pañuelos donde aparecía el mapa de Euskal Herria. «Fueron retiradas sin ningún mandato de la Audiencia Nacional ni de ningún juez, y creemos que tiene que dar explicaciones sobre esta acción».
Por otra parte, el PNV de Zarautz también ha presentado una moción en el Ayuntamiento en la que exige a la Audiencia Nacional «una rectificación urgente» para «restituir el derecho a celebrar homenajes en memoria de todos los luchadores antifranquistas fusilados». También pide a Lakua que remita al Ayuntamiento un informe sobre lo ocurrido, al tiempo que reclama a la Dirección de Víctimas del Terrorismo que «adopte las medidas necesarias para recordar y homenajear a las víctimas del franquismo».GARA
