Los grupos políticos representados en las Juntas Generales de Gipuzkoa decidieron ayer crear una Comisión de Investigación para estudiar el «caso Glass». En julio la Fiscalía de Gipuzkoa acusó a seis personas de un fraude fiscal de 2,1 millones de euros al permitir que la empresa catalana Glass Costa Este Salou tuviera un domicilio fiscal falso en Donostia para acogerse a cuantiosos beneficios fiscales. Entre los acusados se encuentran el ex director de la Hacienda gipuzcoana, Víctor Bravo, y Rufino Eizagirre, el funcionario de la Diputación que fue el jefe de la oficina técnica del gabinete del ex diputado general Joxe Juan González de Txabarri.

Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB, denunció que la constitución de esta nueva comisión viene precedida por otra que analizó el fraude de la Hacienda de Irun que aunque determinó responsabilidades políticas no tuvo ninguna consecuencia política, pública ni penal. En este sentido, afirmó que el problema es estructural porque «hay unas instituciones, una clase política que permiten que haya fraude fiscal», y que la política fiscal de hoy en día se hace «al servicio del capital».