El Gobierno español dispondrá de seis meses para confeccionar un censo de las personas enterradas en el Valle de los Caídos, facilitará la información a los familiares de quienes puedan ser identificados y contribuirá económicamente a las exhumaciones y traslados de los restos que sean reclamados por estas familias, después de que la Comisión Constitucional del Congreso aprobase una proposición no de ley presentada por ICV, Nafarroa Bai y el PSOE.

El PP fue la única formación que se opuso a la propuesta. Su portavoz, Jorge Fernández Díaz, argumentó que confeccionar un censo vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos y que las exhumaciones no son competencia del Estado español sino de la Comunidad de Madrid.