La Consejería de Interior del Gobierno de Lakua sigue sin aceptar varias recomendaciones del Ararteko (principalmente, la de no aplicar la incomunicación), e interpelado al respecto en el Parlamento de Gasteiz, Rodolfo Ares explicó que si no se han adoptado esas recomendaciones es porque con anterioridad, siendo consejero Javier Balza, «no se consideró necesario adoptarlas, y yo también comparto que no es necesario adoptarlas».

En cuanto a la recomendación del Ararteko de que, según el propio Ares, «había que reforzar el tema de grabaciones y hacerlo, en todo caso, con entidades independientes», la respuesta que dio al parlamentario de Aralar Mikel Basabe fue que no era necesario aplicar esa recomendación porque en las grabaciones realizadas en sus centros de detención «se utiliza un sistema automático y continuo durante 24 horas» y que su control «depende directamente del responsable de la unidad [de la propia Ertzaintza] y es él el que responde ante los mandos de la misma. En nuestra opinión, no cabe mayor independencia que este sistema automático y este control por parte del jefe de la unidad».

¡No cabe mayor independencia! Lo que está clarísimo es que, si el control de las grabaciones está en manos de la propia Ertzaintza, esa independencia es nula, y por eso hay que exigir que, tal y como recomienda el Ararteko, dicho control sea ejercido de modo independiente. Si no, podrán seguir torturando con total impunidad.

Y por lo que respecta a la grabación «automática» de que habla Ares, ello supone que las cámaras instaladas en las dependencias policiales tan sólo graban cuando captan algún movimiento. No se trata, por lo tanto, de una grabación continua, y dado que son los propios ertzainas quienes controlan las grabaciones, ese sistema se presta a muy fácil manipulación. Si la grabación no es continua, no veo que tengan dificultades para esconder las entradas y salidas de la celda. ¿Cómo se podrían demostrar unos posibles interrogatorios ilegales si los ertzainas afirman que en ese periodo de tiempo el detenido se encontraba en la celda?

Por otra parte, resulta más que sospechoso que, por muchos esfuerzos que se hayan realizado para conseguirlo, sigamos sin disponer del protocolo que aplica la Ertzaintza para realizar las grabaciones: aunque en marzo de 2006 Javier Balza se trasladó expresamente a Estrasburgo para presentar dicho protocolo al entonces comisario europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, y a responsables del Comité para la Prevención de la Tortura, organismos ambos del Consejo de Europa, más de tres años después el Ararteko afirma que no puede darlo a conocer porque no es público. Actitud que contrasta sobremanera con la mostrada, por ejemplo, por las autoridades británicas que han debido enfrentarse también a un conflicto político similar debido a reivindicaciones independentistas, en Irlanda del Norte, y que han hecho siempre de inmediato públicos todos sus protocolos sobre grabaciones.

Rodolfo Ares ha calificado varias veces la de la Ertzaintza como «una actuación garantista que es equiparable a cualquier democracia mundial más exigente», pero resulta que en el caso de los británicos las grabaciones y su primer protocolo al respecto datan de 1998. En cambio, la Consejería del Interior vasca admitió tan sólo dos años después, en 2000, una extremadamente sencilla recomendación del Ararteko de que se utilizaran las cámaras ya existentes en los pasillos para grabar a los detenidos, y necesitaron otros cinco largos años para implementar esa medida tan simple.

Por cierto, cuando se puso en práctica, contó con el apoyo de los parlamentarios vascos del PSE cuyo coordinador, Miguel Buen, manifestó que «el sistema que ustedes han implantado es un sistema que puede dar más garantías no al detenido, sino más garantías de defensa a los agentes de la Policía que tienen que actuar. Yo, desde ese punto de vista, creo que puede ser un buen sistema, un sistema eficaz». Más tarde, sin embargo, dichos parlamentarios se opusieron frontalmente a que la Policía y la Guardia Civil adoptaran un sistema similar.

Así se explicó Javier Balza cuando al fin adoptaron la medida: «Es sencillo: como en el 95% de los calabozos de la Ertzaintza estaba ya instalado el sistema de grabación, pues en el momento en que asumimos el compromiso político se dio la orden de que los detenidos incomunicados fueran custodiados en calabozos provistos de sistema de grabación».

Más claro no podía haber hablado. Si era tan sencillo, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué, en lugar de adoptar con celeridad la sencilla recomendación del Ararteko, hicieron todo lo posible, y durante tantos años, por retardar y obstaculizar su puesta en práctica? Lo que es obvio es que terminaron por adoptarla sólo cuando, debido a las reiteradas denuncias del Ararteko y a la intensa presión social existente en Euskal Herria contra la tortura, no tuvieron otra opción, y que desgraciadamente con posterioridad no ha variado un ápice su actitud obstruccionista al respecto.

Por ello, no se puede creer ni por un instante que de por sí vayan a tomar medidas eficaces para evitar toda manipulación de las grabaciones y, a parte de exigir un control independiente de las mismas, en el caso de las personas incomunicadas el sistema actual debería ser sustituido por una grabación continua, sin interrupciones (debidas supuestamente a que las cámaras no captan movimiento alguno) que se presten a fáciles manipulaciones. Al ser bien pocas las personas que son sometidas a dicho régimen, no debería haber problema técnico alguno para ello.

Otra de las garantías mínimas que deberían ser contempladas en el protocolo que rige esas grabaciones es que los abogados de las víctimas tengan acceso a las mismas en los casos de denuncias contra la Ertzaintza, tal y como pide, por ejemplo, el Relator de la ONU para la Tortura, y permiten desde hace muchos años las autoridades británicas.

La iniciativa legislativa aprobada el 16 de noviembre de 2007 por el Parlamento vasco pedía otro tanto en su punto tercero: «La grabación realizada a una persona que se encuentra detenida o incomunicada debe estar en todo momento a disposición del juez de guardia, defensa y acusación», pero el PNV en absoluto apoyó la demanda de la defensa de Manex Castro para poder visionar las cintas, cuando éste denunció torturas el pasado mes de marzo, actuando así con la misma hipocresía, como lo ha hecho en el caso de la supresión de la incomunicación.

Ante ello, hay que denunciar alto y fuerte que la grabación, en tanto que medida preventiva, se queda en auténtica agua de borrajas si las cintas se guardan después siempre en secreto. No realizar esas grabaciones con unas garantías mínimas, que incluyan un control independiente de las mismas y que los abogados puedan tener, en caso de necesidad, un acceso posterior a las cintas sería tanto como reconocer que la adopción de esa medida fue un mero lavado de imagen y no tienen intención alguna de que sea mínimamente eficaz.

Porque la conclusión de lo sucedido con esa medida tan simple de aplicar no puede ser más evidente: si existe una voluntad real de aplicar ese tipo de recomendaciones, se hace en un plazo más o menos razonable, como se vio en el ejemplo norirlandés, pero cuando no se da dicha voluntad, las medidas preventivas o brillan por su ausencia o son puro marketing, y los torturadores pueden seguir aplicando el tormento con total impunidad. Exactamente lo que sucede en Euskal Herria.

¿Quiere equiparar Rodolfo Ares la actuación de la Ertzaintza a la de las democracias más exigentes? Muy bien. Ahí tiene el ejemplo de los británicos en Irlanda del Norte. Que empiece por hacer público de una vez el protocolo que rige las grabaciones, que prosiga con la adopción de unas garantías mínimas a la hora de efectuar dichas grabaciones, que deberán estar siempre a disposición de los abogados como en el caso británico, y entonces podremos continuar hablando de medidas preventivas contra la tortura. Esa vez, en serio.