La reacción de la Fiscalía de Baiona, encargada de la investigación de la desaparición de Jon Anza y representante del Estado francés en este asunto, que de manera inmediata compareció públicamente para valorar la información sobre el caso publicada ayer por GARA, contrasta con el mutismo de las autoridades españolas. Del mismo modo, el silencio de los medios de comunicación españoles respecto al tema muestra una forma de actuar totalmente opuesta al seguimiento dado a la noticia por los medios franceses, que desde la mañana llevaron la cuestión a primera plana. Al menos en este caso, no cabe duda de que el proceder de las instituciones galas se corresponde con un estado de derecho avanzado, mientras que la postura española se corresponde con la de un estado totalitario.

La rueda de prensa dada por Marc Mariée, fiscal adjunto de Baiona, puede resultar sorprendente a ojos de quienes están acostumbrados a ver cómo la judicatura dedica sus esfuerzos a desacreditar las denuncias de todo tipo de violaciones de derechos humanos, como en los casos de tortura en el Estado español. La Fiscalía comenzó su comparecencia admitiendo que habían buscado a Anza y que no lo habían encontrado. Cabe recordar aquí que Alfredo Pérez Rubalcaba calificó de «patraña» la denuncia por la desaparición de Anza. Mariée también dijo que están a disposición de la familia y que considerarán todas las informaciones, guardando siempre la necesaria cautela y la seguridad de las fuentes. Por contra, no se sabe que las fuerzas de seguridad españolas hayan hecho ningún esfuerzo al respecto, al margen de lo que pudieran haber hecho en el origen del caso.

En todo caso, la Fiscalía evitó valorar las consecuencias de que fuerzas de seguridad francesas estén implicadas de algún modo en la muerte y desaparición de Anza. Lo cierto es que las autoridades francesas parecen hartas de la impunidad con la que policías y espías españoles han actuado dentro de sus fronteras. El caso de Anza es lo suficientemente grave como para romper el cheque en blanco dado a los securócratas españoles.