A más de tres meses del golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya en Honduras, las denuncias de violaciones a los derechos humanos se multiplican, al tiempo que aumenta la preocupación por el deterioro de la situación humanitaria. La presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva, afirmó el viernes que al menos doce personas han muerto violentamente en el marco de las protestas contra el golpe y que decenas han sufrido heridas y lesiones a causa de la represión por parte de las fuerzas de seguridad. También denunció la muerte ese mismo día de Mario Contreras, subdirector del Instituto Abelardo Fortín, y del dirigente lenca Antonio Leiva.