Han sido detenidos en el País Vasco Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Rufi Etxeberria y siete militantes más de la izquierda abertzale, según orden emanada de la Audiencia Nacional, que la Policía española ha cumplido a pie juntillas, al irrumpir en la sede del sindicato LAB de Donostia, donde los militantes políticos vascos antes mencionados estaban al parecer reunidos discutiendo la posibilidad que la izquierda abertzale, junto a otras fuerzas soberanistas, pueda comenzar a transitar un camino que conduzca a desbloquear el estancamiento del conflicto vasco e instaurar un espacio de diálogo por las vías civiles, pacíficas y en clave democrática.

Pero para España, cuando se trata de la nación vasca, parece que existiera un solo recetario para aplicar. En este sentido, si son las bombas todo está mal, pero si la sociedad se encolumna como en Lizarra-Garazi, detrás de un proyecto de acumulación de fuerzas abertzales, que propone dialogar, parece ser mucho peor aún, porque en ausencia de un escenario de violencia, se desvanecen todos los argumentos y quedan al desnudo y sin ninguna respuesta política, para afrontar la realidad que impone el conflicto político vasco.

La Audiencia Nacional ha sido el brazo ejecutor de estas políticas de persecución que han tenido como blanco a militantes políticos y a las señas de la nación vasca. En tal sentido, partidos políticos, la ikurriña, el idioma, periódicos, Udalbiltza y muchas otras instituciones han sido el objetivo de destrato y ninguneo por parte del nacionalismo constitucional español, bajo el lema: «Por la unidad constitucional».

Ya otras fuerzas políticas vascas han discutido estos meses la necesidad de confluir en una especie de «unidad abertzale o polo soberanista» con el fin de impulsar por las vías pacíficas un espacio de diálogo, cuestión que estaba tratando en estos momentos la izquierda abertzale. La democracia española ha tenido como única respuesta a esta posibilidad el encarcelamiento de Arnaldo Otegi y otros dirigentes políticos vascos.

Exigimos la inmediata liberación de los detenidos, la finalización de los procesos iniciados contra «Egunkaria», Udalbiltza, Anoeta y otros colectivos vascos enjuiciados por la Audiencia Nacional, como así también hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que desde todos los foros se exija a los estados involucrados en el conflicto político vasco (Francia y España), poner inmediatamente en marcha un proceso de negociación para resolver definitivamente el conflicto político vasco por las vías exclusivamente civiles, democráticas, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas y todos.