Sin sorpresas. Por quinto año consecutivo el PNV apoyará los presupuestos generales del Estado y, a cambio, podrá sacar adelante sus cuentas en las instituciones que gobierna. Ayer se escenificó el primer acto de este pacto, al anunciar el portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, que su grupo no presentará una enmienda a la totalidad del proyecto del Gobierno español. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, confirmó el acuerdo logrado con el PNV para dar luz verde a los Presupuestos de 2010.

En ejercicios anteriores, el acuerdo ha incluido en su redacción final al conjunto de instituciones gobernadas por ambos partidos. Así se recogía expresamente el año pasado en el documento suscrito. En esta ocasión, a falta todavía de un pacto escrito, el consejero de Economía del Gobierno de Lakua, Carlos Aguirre, reconoció en ETB que «sí hay un juego que va desde la Administración central, Gobierno autonómico, diputaciones forales, y me atrevería incluso a decir ayuntamientos, en el que entra una serie de apoyos y alianzas hacia un lado y hacia otro».

Pagar por lo que es de todos

El PNV ha pretendido vender su apoyo presupuestario como la conquista del blindaje del Concierto y la devolución de una cantidad por IVA a la Diputación de Araba. Sin embargo, llama la atención que los jeltzales acepten pagar un precio político (aprobar los presupuestos) por lo que no es más que el cumplimiento de las exigencias del Parlamento de Gasteiz y de una resolución de la Junta Arbitral del Concierto Económico que debiera ser de obligado cumplimiento.

Por un lado, el PNV considera que ha conseguido comprometer que antes del 15 de diciembre se apruebe en la Comisión Constitucional del Congreso la reforma de las leyes del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial para que las comunidades autónomas limítrofes a Bizkaia, Araba y Gipuzkoa no puedan recurrir las normas fiscales, y para que los órganos forales puedan defenderse ante el Tribunal Constitucional ante las leyes del Estado que vulneren el autogobierno foral en materia fiscal. Esta era una demanda aprobada por unanimidad en el Parlamento de Gasteiz.

La segunda «conquista» es que el Gobierno español devolverá a la Diputación Foral de Araba durante el ejercicio presupuestario 2009 y primer semestre del 2010, la totalidad de la deuda de 450 millones de euros por la recaudación del IVA de coches importados (MG Rover SA), tal y como resolvió la Junta Arbitral del Concierto Económico el pasado mes de junio. La devolución de ese dinero era una obligación legal del Ejecutivo de Zapatero.

El Gobierno de Lakua se apresuró a señalar que esa devolución es fruto del «esfuerzo de todos». De hecho, el 70% del dinero irá a las arcas del Ejecutivo autonómico.

Por último, el PNV se congratula de haber conseguido que el Gobierno español le informe, con antelación suficiente y total transparencia, sobre las decisiones que en el futuro puedan llevarse a cabo entorno a la Transferencia a Euskadi de las políticas activas de empleo que Madrid negociará en realidad con el Ejecutivo de Patxi López.

Según el PNV estas son las condiciones para no presentar enmienda a la totalidad. Ahora faltaría negociar el apoyo a los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, el PSOE daba por hecho que lo acordado supone dar luz verde a las cuentas de Zapatero.

Este acuerdo, por otra parte, puede abrir una cierta brecha -probablemente sólo dialéctica- en las buenas relaciones entre PSOE y PP en la CAV. En su día Mariano Rajoy ya dejó caer la advertencia y ayer la corroboró el portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso, Cristóbal Montoro, quien acusó a los jeltzales de intentar «abrir una brecha» en la CAV o entre su partido y el PSE y hacerse con «un hueco de poder».