El director en el Estado español de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, afirmó en la mañana de ayer en el Parlamento de Gasteiz que su organización «sigue el caso» de las detenciones de miembros de la izquierda abertzale del pasado martes, aunque para hacer un pronunciamiento más taxativo debería conocer las decisiones y el auto del juez Baltasar Garzón, que en el momento de hacer públicas esas declaraciones aún no eran públicas.

Esteban Beltrán acudió al Parlamento de Gasteiz, acompañado de Oneke Idigoras, a petición de la Comisión de Derechos Humanos para informar sobre su informe anual y también del específico dedicado este año al Estado español titulado «España, salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación».

En este contexto, la portavoz del PNV, Nerea Antia, les preguntó en torno al posicionamiento de Amnistía Internacional sobre las últimas deten- ciones de dirigentes de la izquierda abertzale. Quizá para hacer de contrapeso, el parlamentario del PSE, Mikel Unzalu, requirió su opinión sobre la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la ilegalización de Batasuna.

«Cierta preocupación»

Esteban Beltrán explicó que hay materias que entran dentro del trabajo de Amnistía Internacional y otras que no, y señaló que nunca se han pronunciado sobre la ilegalización de Batasuna y que, por tanto, tampoco iba a comentar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, sí señaló que su organización considera que deben eliminarse las ambigüedades que se detectan en la Ley de Partidos.

Sobre las detenciones, Beltrán apuntó que su organización alerta de que la acusación contra estas personas, como sobre cualquier otra, debe ajustarse al principio de legalidad, debe confirmarse que cada una ha cometido un acto delictivo de forma individual y que existe claramente una vinculación con organizaciones delictivas.

Reconoció que Amnistía Internacional mantiene «una cierta preocupación» sobre la aplicación de los artículos del Código Penal relacionados con las acusaciones de terrorismo, por su «ambigüedad». La preocupación se debe a que el organismo internacional asegura conocer casos en los que la aplicación no se hizo de forma individualizada.