Pasaia gana el pulso a la Diputación sobre sus competencias municipales
El TSJPV ha dado la razón al Consistorio pasaitarra al reconocerle el derecho sobre la gestión urbanística del puerto. Varios artículos del Plan Especial portuario diseñados «a medida» previamente por la Diputación foral de Gipuzkoa junto con la Autoridad Portuaria, han quedado anulados por «adjudicarse» competencias ajenas. La alcaldesa, Maider Ziganda, mostró su satisfacción por el «importante triunfo».
Oihane LARRETXEA
Tal y como anunció ayer la alcaldesa de Pasaia, Maider Ziganda, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado «nulos de pleno derecho» los preceptos que la Diputación foral de Gipuzkoa, junto con la Autoridad Portuaria, había diseñado para aprobar el Plan Especial del Puerto. De esta manera, queda en manos del Consistorio el diseño del plan para la rehabilitación del área portuaria, así como su administración y gestión.
Concretamente fueron los artículos 13.2, el último apartado del 13.3, así como el artículo 14.2 del decreto del Gobierno de Gasteiz de medidas urgentes en desarrollo de la Ley del Suelo y Urbanismo de la CAV los recurridos por el Ayuntamiento y los que ahora ha invalidado el TSJPV. Precisamente se han visto afectados los dos artículos que se introdujeron en dicho decreto por Lakua, impulsado por la propia Diputación.
Normas hechas «a medida»
Según la alcaldesa independentista, estos artículos diseñados «a medida» pretendían dar carta de naturaleza legal a la iniciativa foral y de la Autoridad Portuaria para «apropiarse» de dicha competencia.
Maider Ziganda calificó de «varapalo» la decisión del Tribunal y añadió que, gracias a sentencias como éstas, queda demostrado «que no todo vale», por lo que habrá que optar por «otras vías» para alcanzar el acuerdo respecto al puerto.
El primer apartado anulado declaraba así:«El contenido y alcance del Plan de Compatibilización se limita exclusivamente a las determinaciones propias de la ordenación estructural, salvo que su propia finalidad y objetivo aconsejaran extender los contenidos de la compatibilización a las determinaciones propias de la ordenación pormenorizada». Y ha sido precisamente esta última excepción la que ha sido anulada.
Por otra parte, el artículo 14.2 -referente a la compatibilidad de los elementos estructurales- se ha visto afectado, ya que se ha decretado que la compatibilización de la Diputación ha de ceñirse sólo a los elementos estructurales; es decir, que la competencia foral se limita a la coordinación de los accesos al puerto o a las carreteras, pero en ningún caso a mandar y ordenar «en todo», tal como opinó Ziganda respecto a la actuación de las instituciones implicadas.
La primera edil se mostró «muy satisfecha» con la resolución, ya que Pasaia ve reconocidos sus derechos. «Estos artículos eran la base jurídica en la que la Diputación y la Autoridad Portuaria habían sustentado esta maniobra para que fuesen ellos los que aprobaran el Plan Especial en vez de los ayuntamientos competentes y, por lo tanto, quitando potestad a Pasaia y a su ciudadanía».
Conflicto sin precedentes
Asimismo, la alcaldesa destacó el derecho de los y las pasaitarras a decidir sobre su propio término municipal, incluyendo el portuario. «Esta sentencia nos lleva a afirmar que en este largo conflicto que mantenemos el Ayuntamiento ha ganado una batalla importante, y que deja sin cobertura legal una operación que tenía como único objetivo quitar de en medio a los distintos consistorios competentes: Lezo, Errenteria, Donostia y Pasaia; aunque solo este último recurrió el Plan Especial».
Dicho Plan fue aprobado incialmente por la Diputación guipuzcoana en febrero del 2008, aunque posteriormente fue reformulado por la Autoridad Portuaria en junio del mismo año ante la institución foral. «La reformulación, además -explicó-, se llevó a cabo ante la Diputación, no en cambio ante los consistorios implicados, -cómo debiera de haber hecho- sustentándose en los artículos que ahora han sido declarados `nulos de pleno derecho'».
La Diputación recogió entonces el Plan Especial reformulado, dándole la consiguiente aprobación inicial -basándose también en los dos artículos invalidados-. «El Ayuntamiento de Pasaia recurrió tanto la aprobación inicial del Plan formulado en 2008, como la aprobación inicial del Plan reformulado, aunque aún no tenemos sentencia al respecto», explicó.
A pesar de la resolución, Ziganda insistió en que el Consistorio mantiene las puertas abiertas a cualquier propuesta. «Este Ayuntamiento recogerá de buen grado cuantas reflexiones, aportaciones y sugerencias tengan a bien realizar».
Por otro lado, volvió a reiterar el llamamiento que en numerosas ocasiones ha realizado tanto a la Diputación como a la Autoridad Portuaria para abandonar «el camino emprendido». «Dado que esta sentencia deja sin argumento a la tramitación y aprobación del Plan, invitamos a ambas entidades a resolver el conflicto basándonos en el respeto a las competencias que cada uno tiene encomendadas», concluyó la alcaldesa.
En el proceso de decidir sobre la construcción del futuro de Pasaia, Ziganda exigió «respeto» a la participación de los y las pasaitarras y a las competencias que para ello tiene encomendadas dicho Ayuntamiento.
En la tarea de ordenar el territorio, -portuario y no portuario-, según la alcaldesa pasaitarra se priorizarán las necesidades de la ciudadanía, así como las económicas y sociales. «Nosotros decidiremos cómo queremos que sea nuestro pueblo y su futuro», concluyó la primera edil. La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida por la Diputación guipuzcoana.
No es la primera vez en que se ha puesto en cuestión la viabilidad económica del proyecto del puerto exterior de Pasaia, aunque sorprende la reflexión realizada por el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbo, José Ramón de la Fuente, en una entrevista publicada el pasado domingo por el diario ``El País''. En ella, asegura que la construcción de la dársena exterior la ve «como un traslado urbanístico», apostillando que «en la bahía de Pasajes están todos allí apelotanados y no puede crecer más. Pero desde el punto de vista portuario no tiene sentido».
Es más, De la Fuente afirma que el proyecto defendido a capa y espada por las instituciones públicas y la patronal guipuzcoana puede crear «riqueza social» para los municipios de Pasaialdea «con una bahía recuperada y no perdiendo la actividad portuaria en otro sitio. Pero la riqueza procedente del mercado... El mercado es uno».
Este análisis coincide en parte con los de los detractores, que vienen repitiendo que no hay ningún dato que demuestre su viabilidad económica. «Las necesidades de la economía no justifican la enorme inversión», argumentan.
Cinco días después, el presidente del Puerto de Pasaia, Miguel Buen, reaccionó ayer. El veterano militante del PSOE declaró que «nadie» debe tener ningún temor a que Pasaia disponga «de unas mejores condiciones para trabajar», pues aseguró que eso no va a implicar la «rebaja« de tráficos para ellos, sino «la complementariedad dentro de este arco atlántico, que tiene una gran potencialidad y que aún la puede tener mayor, pues posee las mejores conexiones por carretera y por ferrocarril». A.G.
La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV no hace sino ratificar los planteamientos defendidos desde los consistorios de Pasaia y Lezo, a los que los responsables forales trataron de anular las competencias que en materia urbanística poseen por ley.
La maniobra ahora desmontada por los magistrados pretendía dotar a la Diputación guipuzcoana de más atribuciones que las permitidas por la legislación en el planeamiento urbanístico de la bahía de Pasaia, unas 80 hectáreas ocupadas por la actividad portuaria. El objetivo no se ocultó en ningún momento: Dos de los cuatro ayuntamientos implicados -Pasaia y Lezo- están gobernados por la izquierda abertzale, que discrepan de la reflexión de la que parte el Plan Especial de ordenación de la zona de servicios del Puerto de Pasaia, y con el cambio legislativo se buscó que la institución foral, respaldada por la Autoridad Portuaria y Lakua, llevase adelante esta ambiciosa operación sin contar con dos de las entidades implicadas.
Con el fallo se tambalean los acuerdos adoptadas por la institución que preside Markel Olano, que el 19 de febrero de 2008 aprobó inicialmente un Plan Especial impulsado desde la Autoridad Portuaria en 2004 y remitido a los ayuntamientos de Donostia, Errenteria, Lezo y Pasaia. Tan sólo Errenteria emitió un informe favorable mientras el resto se abstuvieron de pronunciarse; hay que subrayar que la mayoría del terreno afectado corresponde a los municipios de Lezo y Pasaia.
No es el único acuerdo afectado, ya que el 24 de junio de 2009 la Diputación volvió a refrendar el Plan gracias a la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, ahora puesta en cuestión por el TSJPV. Así, tras constatar una falta de acuerdo sobre la reordenación urbanística de la bahía, a partir del requerimiento que la institución foral guipuzcoana hizo a los consistorios en noviembre de 2007, pasó a la acción: el 19 de febrero de 2008 iniciaba la tramitación.
Los ayuntamientos de Lezo y Pasaia recurrieron el acuerdo ante el TSJPV, al estimar que se les «usurpaban» competencias, y solicitaron su suspensión cautelar, que les fue denegada. Además, abrieron expedientes, que fueron recurridos por la Autoridad Portuaria y suspendidos por los magistrados. La meta de la Diputación era tener las manos libres para impulsar cambios en Pasaialdea que le permitieran a medio plazo la construcción del polémico puerto exterior, así como del trazado del TAV y el corredor de Gaintzurisketa, a los que se oponen una mayoría de los vecinos de Lezo y Pasaia.
La alcaldesa pasaitarra dijo hace año y medio que a la institución que preside Olano no le gustaba que su ayuntamiento abogase por el cierre de la térmica en Donibane, reclamase estudios medioambientales antes de aprobar nuevos planes urbanísticos y que se negase a plagar La Herrera de bloques de viviendas tras el derribo de los pabellones industriales y su traslado al polígono de Navaldea. La regeneración auspicada por la Diputación contempla nuevos pabellones en La Herrera Sur, otra lonja pesquera más pequeña y la ampliación del silo de coches.
Para el Consistorio pasaitarra, el documento del que parte el Plan Especial, sólo busca la construcción del puerto exterior en las faldas de Jaizkibel. «La necesidad de ampliar el puerto no se basa en datos, simplemente se dice que el puerto está saturado», señalaron. Es más, vienen incidiendo en el «escaso valor» de las mercancías que se mueven en sus muelles, madera y chatarra principalmente.Agustín GOIKOETXEA
