El Estado español, contra el diálogo político en Euskal Herria
Rubalcaba presionó a partidos vascos antes de las detenciones para romper las vías hacia una solución democrática
El ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recibido con intenso malestar la respuesta dada desde PNV y Aralar a las detenciones de miembros de la izquierda independentista y la receptividad mostrada en ámbitos abertzales ante el texto de debate de Batasuna. Y es que, según ha podido confirmar GARA, Rubalcaba había pedido a la dirección jelkide y a Patxi Zabaleta que secundaran su estrategia.
Ramón SOLA - Iñaki IRIONDO | IRUÑEA
La existencia de estas reuniones era un secreto a voces que el pasado sábado confirmó, aparentemente de modo no intencionado, el ministro de Interior español en la Cadena Ser. Fue Alfredo Pérez Rubalcaba quien telefoneó a la emisora para pedir paso ante la polémica abierta por las detenciones de Arnaldo Otegi y sus compañeros y por la decisión del PNV de acudir a la manifestación que se celebraba horas después en Donostia. En este contexto, Rubalcaba incidió en que con ello los jelkides apoyan una «estrategia político-militar», y en este punto dejó caer que «eso lo sabe el PNV, entre otras cosas porque yo se lo he explicado».
La implicación jeltzale en esa respuesta social ha molestado mucho a Rubalcaba, puesto que el ministro lleva ya tiempo en el empeño de conseguir que partidos vascos y medios de comunicación hagan oídos sordos a cualquier iniciativa renovadora que la izquierda abertzale pudiera poner en marcha.
Los «avisos» de Rubalcaba han sido en realidad un intento de alinear tanto a partidos como a medios de difusión, y quizás también a otros agentes, en una estrategia basada en negar cualquier opción de diálogo, con la pretensión de que ello condicione la toma de decisiones de la izquierda abertzale y siembre dudas sobre la viabilidad de una apuesta por las vías exclusivamente políticas.
Pero los hechos posteriores demuestran que el ministro de Interior no ha encontrado respuestas positivas de todos aquellos con los que se ha citado. Ya en agosto, cuando Rubalcaba amenazó con no legalizar nunca a la izquierda abertzale y con cerrar definitivamente esa vía, portavoces jelkides le recordaron que el «final dialogado» es un concepto presente en todos los pactos anti-ETA, empezando por el de Ajuria Enea, además de en la resolución del Congreso de mayo de 2005.
Desde agosto
La celebración de estas reuniones trascendió ya a inicios de setiembre, por lo que se vienen celebrando desde agosto, es decir, después de que Alfredo Pérez Rubalcaba lanzara su primera amenaza al hilo de las primeras elucubraciones sobre movimientos políticos de la izquierda abertzale que incluían una fecha fijada: otoño.
GARA ha podido confirmar de tres fuentes distintas que Rubalcaba ha hablado también directamente con Patxi Zabaleta, coordinador de Aralar, para informarle de la posición del Gobierno y solicitar su apoyo. En este caso concreto, el ministro habría pedido a Zabaleta que, en el caso de que la izquierda abertzale iniciara movimientos políticos de calado, Aralar evitara cualquier valoración antes de hablar con él.
Tras estos preparativos, el Gobierno español dio un salto que nadie esperaba -al menos en este momento concreto- con la detención de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Rufi Etxeberria y otros siete representantes de la izquierda abertzale, cinco de los cuales han acabado en prisión. Rubalcaba contaba con que los contactos mantenidos sirvieran de «colchón» para amortiguar la respuesta, pero se le escapó un factor: la determinación de la mayoría sindical vasca, que convocó de modo urgente un acto que terminó arrastrando a los partidos y sacó a las calles a más de 37.000 personas.
La estrategia de cierre de filas de Rubalcaba ha recibido además otros dos reveses posteriores. El primero fue la escasa credibilidad otorgada en general al intento del ministro de ligar a Otegi y sus compañeros con Aitor Elizaran y Oihana San Vicente. Medios españoles han subrayado que Rubalcaba no ofreció ningún elemento objetivo que sustentara esa tesis. El segundo ha sido la receptividad con la que EA, ELA y, aunque con más pegas, Aralar han acogido el documento de debate de Batasuna -que el Ministerio de Interior había ocultado ante la imposibilidad de darle la vuelta-. El realce dado al texto en los medios estatales ha derrumbado también la tesis oficial de que «no hay nada nuevo», expuesta en este caso por la portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia.
El coordinador de Lokarri, Paúl Ríos, es una de las voces que ha confirmado la existencia de estas reuniones privadas o, mejor dicho, secretas. En su blog, escribió ya el 10 de setiembre que el ministro estaba «explicando su estrategia» a periodistas y partidos con la intención de cerrar todas las grietas posibles. En otro artículo publicado este martes, Ríos explica que ha hablado con sus contactos y que la versión trasladada por el Ministerio de Interior sobre las detenciones responde al esquema de cerrazón adelantado ya en las reuniones de agosto-setiembre.
En esas citas, Rubalcaba estaría justificando el encarcelamiento de los dirigentes independentistas con el argumento de que «lo que los detenidos estaban preparando no era suficientemente claro ni contundente respecto a la violencia». Para reforzar sus tesis, Interior fue muy selectivo en la filtración a los medios de los documentos incautados. Habría que saber si la Policía puso en manos del juez instructor todo el material del que dispone.
En paralelo, y siempre según las fuentes de Ríos, Rubalcaba ha «vendido» a los partidos que «una declaración de Batasuna apuntando a una etapa sin violencia es una amenaza para la estrategia del Gobierno de no dar ninguna oportunidad al diálogo sin abandono previo de la violencia». Así las cosas, se optó directamente por detener a sus impulsores para evitar que fuera siquiera presentada.
Esta tesis sobre la línea de actuación del ministro cobra total credibilidad al coincidir con los discursos de quienes la han respaldado. El caso más significativo es el de Jesús Eguiguren, que fue quien preparó el proceso de negociación de 2005-2007 en nombre del PSOE. El partido lo sacó a la palestra un día después de las detenciones para que argumentara que en realidad lo que los detenidos tenían entre manos «no era nada definitivo».
También encajan plenamente con las informaciones de Paúl Ríos las interpretaciones sobre las detenciones aparecidas en ``El País'', donde se ha llegado a publicar que el dinamismo de Otegi en la búsqueda de vías de solución suponía un estorbo para la estrategia del Gobierno de cerrar cualquier expectativa.
Rubalcaba no tuvo en cuenta la posibilidad de que fueran los sindicatos los que respondieran a las detenciones, en una convocatoria que terminó arrastrando a los partidos y a una gran masa social.
En el intento de cerrar filas, el ministro había pedido a los partidos vascos que evitaran cualquier valoración sobre movimientos de la izquierda abertzale antes de hablar con él, pero la redada hizo saltar el guión.
La decisión del PNV de acudir a la manifestación de Donostia ha sido, sin duda, un elemento inesperado y negativo para el ministro Rubalcaba. De hecho, el PSOE pareció quedarse sin palabras cuando el viernes por la mañana se conoció que una delegación oficial jeltzale acudiría a la marcha. A lo largo de todo el día no hubo ninguna reacción. Paradójicamente, la víspera el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, sí había sostenido un agrio cruce de declaraciones con Joseba Egibar sobre las detenciones.
El encontronazo por la manifestación de Donostia ha puesto un paréntesis a la entente tejida entre PSOE y PNV contra la izquierda abertzale en los últimos tiempos, pero es pronto para calibrar si ha provocado alguna herida profunda y difícil de cicatrizar. En un intento aparente de empezar a restañarlas, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, ha puesto el acento en que su partido no estuvo en la marcha ni en solidaridad con los detenidos ni en apoyo a su nueva estrategia, sino únicamente «en favor del derecho de reunión», al entender que los arrestados sólo estaban participando en un encuentro político en la sede de LAB y no cabe encarcelarles por ello. Pero el argumento se cae por su propio peso teniendo en cuenta que la redada es mucho más que un mero ataque al derecho de reunión y si, además, se recuerda que desde el Gobierno de Lakua que lideraba el PNV se actuó en múltiples ocasiones contra ese mismo derecho a través de irrupciones de la Ertzaintza en asambleas, sedes políticas, «herriko tabernak»...
En realidad, la decisión jeltzale de manifestarse en Donostia no estuvo exenta de polémica y se produjo tras un debate muy mediatizado por las posiciones personales. Según ha podido saber GARA, miembros del EBB entre los que estaba Joseba Egibar hicieron saber al partido el jueves, día en que se gestó la convocatoria, que tenían intención de acudir a la movilización al considerar que la operación firmada por Baltasar Garzón era un ataque a las vías políticas y una maniobra de alto riesgo.
Ante la constancia del caos interno que podría provocar la presencia en el acto de algunos dirigentes y el desmarque de otros, finalmente fue el presidente del EBB quien tomó la decisión de mandar una representación oficial en la que él no tomaría parte. «Fui yo, Iñigo Urkullu, en calidad de presidente del EBB de EAJ-PNV, quien el jueves por la tarde-noche sugerí a los presidentes de los Consejos Territoriales que estuvieran en la manifestación en cuestión», ha explicado en su blog. En el mismo artículo, quizás con la intención de ir restañando las heridas abiertas con el PSOE, Urkullu marcaba distancias con el resto de manifestantes al afirmar que en la marcha hubo insistentes gritos contra el PNV, una circunstancia que no responde a la realidad. Personas que caminaron junto a los dirigentes jeltzales confirman que no se produjeron increpaciones y jelkides que estuvieron en otros lugares lo confirman. R.S.
