Han pasado casi cinco meses desde el golpe de Estado que derrocó al presidente legítimo de Honduras, y la actual situación de caos e ingobernabilidad no parece tener visos de solución. Hay que subrayar que en las últimas semanas se han registrado numerosos ataques -causantes de al menos tres muertos- que han alimentado la hipótesis de una posible respuesta armada por parte de los ciudadanos, cansados de ver cómo se pisotea el orden democrático del país. Además, diversos informes han apuntado la posibilidad de que los golpistas hayan recurrido a la contratación de paramilitares para proteger sus actuales cuotas de poder.

Las negociaciones para dar una salida a la crisis, según muchos analistas, no han sido más que una estrategia de los golpistas para ganar tiempo de cara a las elecciones del 29 de noviembre con el objetivo de legitimar a un régimen que llegó al poder por la fuerza. Una cita que se celebraría con el país en estado de sitio.

A este respecto, conviene recordar el papel que ha jugado la comunidad internacional en la crisis política. Si bien siempre han condenado lo sucedido, ha habido una carencia decisiva: ir un paso más allá de lo meramente dialéctico, lo que refleja el nivel de connivencia con el que los golpistas han sabido que contaban en todo momento en los centros de poder mundiales.

En las últimas semanas, se han repetido los ataques armados contra personas pertenecientes a la oposición que han alimentado la tesis de quienes defendían una posible respuesta armada frente a un régimen usurpador que juega a su antojo. El lunes, un alcalde del opositor Partido Nacional, Nelson Javier Portillo, y su guardaespaldas murieron tiroteados en una emboscada.

En las anteriores semanas, un sobrino de Micheletti y un coronel, Concepción Jiménez, que participó en la toma de la Casa Presidencial el día del golpe, corrieron la misma suerte.

El Frente de Resistencia al golpe de Estado ha reivindicado una y otra vez el carácter pacífico de su lucha, exponiendo como argumento que, en más de cien días de movilizaciones no ha habido ni un sólo muerto en las filas de las fuerzas de seguridad, mientras que fuentes locales aseguran que la cifra de civiles muertos por la represión de los golpistas podría ser superior a 150.

Muchos analistas destacan que Honduras ha sido un país históricamente favorable al diálogo. Sin embargo, ninguno obvia la elevada cifra de ciudadanos que han visto trastocadas sus vidas a consecuencia del régimen casi dictatorial impuesto por los golpistas en el país: medios de comunicación vetados, millares de heridos, centenares de detenidos y torturados...

Hacía tiempo que se venía alertando sobre un posible recurso a la lucha armada por parte de la resistencia hondureña en respuesta a la brutalidad de la que el régimen golpista ha venido haciendo gala. El presidente de Bolivia, Evo Morales, o el nicaragüense, Daniel Ortega, fueron algunos de los que alertaron de esta posibilidad.

«Yo calculo que esto puede desembocar en una lucha armada. La derecha, los oligarcas y los militares deberían hacer una profunda reflexión sobre lo que viene después», advirtió Morales, cuando sólo había pasado un mes del golpe.

Tanto la resistencia como algunos de los analistas locales negaron esta posibilidad subrayando que la de los hondureños era una lucha pacífica.

Muchos otros, sin aventurarse a confirmar que la resistencia (tomada en cuenta como movimiento) estuviera armándose, no descartaron que grupúsculos o particulares se desmarcaran de esa lucha pacífica.

En medio de esta tensa situación, varios medios de comunicación locales y regionales alertaron de la supuesta formación de un grupo de unos 120 paramilitares provenientes de distintos países de la región para dar respaldo a los golpistas y defender sus intereses.

En ese sentido, incluso el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre el empleo de mercenarios mostró recientemente su preocupación respecto al supuesto reclutamiento de unos 40 antiguos paramilitares colombianos por parte del régimen usurpador.

Por lo tanto, no sería sorprendente un próximo repunte de la violencia en un país con un alto índice -al igual que en el resto de la región- de muertes violentas al año. Precisamente, las estadísticas aportadas por un estudio de la Universidad Nacional arrojan que, en 2008, más de 7.000 personas murieron en distintos sucesos violentos por todo el país.