Diferentes informaciones y pronunciamientos públicos difundidos ayer dan a entender que la decisión de detener a los dos piratas que supuestamente acompañaban al grupo que secuestró el «Alakrana» y la orden de trasladarlos a Madrid llegó directamente de las instancias más altas del Gobierno español. La situación de los dos detenidos es en este momento el escollo más grande para un feliz desenlace del cautiverio del pesquero, del que hoy se cumplen 42 días.

Según informó la Cadena Ser, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) elaboró un informe alertando del riesgo de que una operación de estas características pudiera perjudicar las negociaciones para liberar a la tripulación. Fuentes militares mencionadas por la citada cadena indican que esta tesis no fue compartida por el Ejecutivo, que al parecer manejaba «valoraciones contrarias que avalaban la operación».

El informe militar habría sido elaborado a mediodía del 3 de octubre, diez horas antes de la detención de los dos presuntos piratas, y enviado esa misma tarde al Estado Mayor de la Defensa. En el mismo se desaconsejaba la operación argumentando que los piratas podrían reaccionar elevando la tensión, y no se descartaba que los secuestradores pudieran incluso tomar represalias contra la tripulación. Asimismo, se afirmaba que las dos personas que fueron avistados en el esquife -los dos que luego serían detenidos- podrían no haber participado en el secuestro sino ser sólo «colaboradores» del grupo en el avistamiento de buques.

Frente a la contundencia de esta información, que sitúa en el Ejecutivo la responsabilidad de una operación que ha envenenado la situación en el «Alakrana», fuentes gubernamentales señalaron que el gabinete de crisis presidido por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, no tuvo conocimiento del informe del CIFAS.

«No era previsible»

Según esas fuentes, el Gobierno español ordenó detener a los dos somalíes basándose en otros informes que valoraban que, puesto que como fueron detectados muy lejos de la costa a bordo de un pequeño esquife, «no ocuparían en principio un puesto importante en el escalafón» de los secuestradores, por lo que «no era previsible» que estos los reclamaran, como efectivamente sí ha sucedido.

Además de la información difundida por la Cadena Ser, en la edición de ayer de «El Mundo» se publicaba que el Ministerio de Defensa pretendía que los dos somalíes detenidos fueran enviados a Kenia en vez de ser trasladados a Madrid. En función de esa información, la Armada española informó de la detención a las 21.00 horas del sábado 3 de octubre, y comunicó al tribunal que existía un «canje de notas con Kenia», que suponía que este país aceptaba el traslado de los detenidos. Sin embargo, según «El Mundo», la vicepresidenta Fernández de la Vega contradijo al Ministerio de Defensa y, a las 21.30 horas de ese mismo sábado, la Abogacía del Estado recibió instrucciones para presentar una denuncia.

Ante todas estas informaciones, que señalan con el dedo a De la Vega como responsable de la situación abierta tras la detención de los dos somalíes, desde el Ministerio de Defensa quisieron dar una imagen de unidad gubernamental y aseguraron a la agencia Efe que la Comisión de Coordinación del Gobierno para el secuestro del «Alakrana» asumió «por unanimidad» la detención. Estas fuentes, por el contrario, no indicaron nada sobre la decisión de llevarlos a Madrid y no a Kenia, como al parecer pretendía el Ministerio de Defensa.

Desde la Audiencia Nacional

En este contexto, el presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, también quiso salir al paso de las críticas lanzadas contra el juez Baltasar Garzón por ordenar el traslado de los detenidos al Estado español, y señaló que la actuación judicial se realizó «en respuesta a una denuncia presentada por la Abogacía del Estado, sin actuar de oficio». «Una vez presentada la denuncia por la Abogacía del Estado, se resolvió sobre la competencia previo informe del Ministerio Fiscal», apuntó Juanes.