Hace varios meses, pasó absolutamente desapercibida una sentencia sobre una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Cádiz que revelaba la utilización de un nuevo sistema de escuchas teléfonicas. Se trataba de un mecanismo que permite «posicionar» a los titulares de teléfonos móviles y deducir por tanto quién se ha reunido con quién, cuándo y dónde. Este mismo procedimiento sirvió luego a investigadores para concluir, por ejemplo, que un inspector de Policía estuvo en el bar Faisán de Irun, en el caso al que se ha dado por llamar del «chivatazo». Si esto es así, resulta obvio que tan moderna tecnología ha tenido que ser empleada sobre todo con otro objetivo prioritario: controlar reuniones políticas de la izquierda abertzale.

Nada de esto había provocado escándalo, excepto entre ciertas asociaciones de internautas, hasta que el PP se ha visto también espiado, en concreto en el «caso Gürtel» de corrupción. Y su furibunda denuncia ha puesto en la primera plana política la existencia de ese gigantesco «Gran Hermano» que responde a un nombre: Sitel.

Las acusaciones mutuas se han disparado en los últimos días, con dos protagonistas muy marcados: Esteban González Pons -portavoz del PP- y Alfredo Pérez Rubalcaba -ministro de Interior-. Sin embargo, a este debate también se han incorporado las voces de numerosos expertos que ponen de manifiesto que el sistema de escuchas telefónicas aplicado en el Estado español ni respeta los derechos mínimos ni tiene base legal segura.

González Pons ve claro que Sitel «es ilegal y carece de cobertura institucional». Denuncia ahora que «desde 2004 se ha utilizado para grabar conversaciones y para hacer retratos psicológicos de los ciudadanos», y que con ello se crea «una sociedad vigilada» no sólo en el ámbito político, sino en la propia vida privada. Frente a ello, el argumento principal de Rubalcaba ha sido éste: «Cuando alguien pone en tela de juicio el funcionamiento del Estado de Derecho, se arriesga a que `los malos' lo utilicen». Exige concretamente al PP que no cuestione el sistema porque los abogados de la izquierda abertzale lo podrían utilizar para acudir a los tribunales, aunque el ministro ya vaticina que en ese caso «pincharían en hueso, porque Sitel es absolutamente legal». La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, añade que es un sistema «similar al de otros paises europeos»

Ahora, todos identificados

Las versiones son tan radicalmente diferentes que está claro que uno de los dos partidos miente. El PP asegura que desestimó la utilización de Sitel ante las dudas jurídicas formuladas por dos ministerios, pero Rubalcaba replica que el PSOE se lo encontró instalado al llegar a La Moncloa. «Rubalcaba es un mentiroso -añade González Pons-. Que no nos cargue el mochuelo a nosotros». Como se ve, el PP critica ahora las escuchas policiales con el entusiasmo de cualquier organización de defensa de los derechos civiles.

De repente, Sitel ha pasado a estar totalmente en entredicho. En el Consejo General del Poder Judicial hay quien afirma que ni siquiera sabe cómo funciona, aunque su portavoz intentó ayer rebajar la polémica. El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pedro Martínez, es uno de los más preocupados. Y no es para menos, a tenor de los datos que revela sobre el sistema de escuchas: «A través de Sitel se puede saber dónde está la persona, los sitios a los que va, si viaja en coche o en tren -porque las antenas lo están indicando-, e incluso con quién está, y todo ello sin necesidad de hacer una llamada de teléfono, sólo con tenerlo encendido». Concluye que no se trata de interceptación de escuchas al uso, sino «de un programa de seguimiento y vigilancia».

La pasada semana, además, el Gobierno español taponaba el único resquicio que posibilitaba «huir» de Sitel. Todos los titulares de teléfonos móviles en el Estado español han sido obligados a identificarse, perdiendo el número en caso contrario (aunque hay una prórroga para recuperarlo). El propio Rubalcaba se ha encargado de la campaña.

La alarma sobrevenida de repente a la derecha española quedaba de manifiesto este martes en un artículo publicado por el abogado Ramón C. Pelayo en la cotizada página 3 de ``Abc''. En su opinión, «la intromisión en el derecho de intimidad personal, en general, ha sido (y es) una de las asignaturas pendientes de nuestro legislador. La regulación de las intervenciones telefónicas, telemáticas, etcétera, es deficiente, incompleta y carente de la necesaria seguridad jurídica»

¿Sólo para «terrorismo»?

Varios expertos constitucionalistas lo tienen claro. Para el catedrático Ignacio Torres Muro, los datos que Sitel obtiene en paralelo a las escuchas «son tan secretos como las mismas conversaciones, de modo que para obtenerlos debiera hacer falta la autorización judicial prevista en el artículo 18.3 de la Constitución». Recuerda incluso que existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el llamado «caso Malone contra el Reino Unido», sentenciado en 1984, Londres fue condenado por establecer en sus seguimientos a esta persona un sistema que informaba automáticamente sobre a qué números de teléfono llamaba.

Otro experto abogado, Guillermo Díaz Bermejo, añade que «los archivos que almacena Sitel quedan guardados sine die y no se destruyen, con lo que nos encontramos con un serio problema de seguridad ante robos o fugas de información, máxime cuando esta función ha sido adjudicada a una empresa externa». Cita además que cuando el sistema se puso en marcha, en 2004, en Gran Bretaña se acababa de producir un enorme robo de bases de datos de escuchas telefónicas policiales, lo que originó una gran polémica sobre la conveniencia de que fueran empresas privadas quienes los custodiaran.

El fiscal Pedro Martínez apostilla que la información obtenida por Sitel se vuelca en un DVD «sin firma digital», sin que nadie certifique el contenido. Y que, por tanto, si alguien lo impugna, «no hay manera de probar la autenticidad de la grabación». Por ello, duda de que esos datos sirvan como prueba. Lo dice, recordemos, un fiscal.

Por si acaso, varios de estos expertos ya abogan por regular el uso de Sitel de manera que efectivamente, y parafraseando a Rubalcaba, sirva sólo contra «los malos». Ramón C. Pelayo dice que en su día «el legislador permitió que se pudieran intervenir las conversaciones de algunos abogados de miembros integrantes de bandas terroristas» y lamenta que ahora «la interpretación perversa e interesada de esta norma pretenda sostener que basta la autorización judicial (aunque no se trate de delitos de terrorismo) para quebrantar el derecho de de- fensa». El fiscal Martínez también propone que Sitel se aplique a «terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y todos los delitos contra la vida. No para cualquier cosa». No, por ejemplo, para las corruptelas de Gürtel.