La gestión del secuestro del atunero «Alakrana» es un cúmulo de despropósitos que responsables de diferentes instituciones del Estado rechazan asumir e incluso tratan de adjudicárselo al otro. La detención de dos supuestos implicados a los pocos días de producirse el secuestro, a pesar del informe militar que lo desaconsejaba; su traslado al Estado español y su inmediato encarcelamiento; la ocultación de información a las familias de la tripulación del «Alakrana» sobre la importancia de la situación de los detenidos... agotaron la paciencia de esas familias y provocaron la movilización de la sociedad reclamando las actuaciones necesarias y urgentes para la liberación de los marineros. Cuando parecía que Gobierno y Audiencia Nacional españoles, responsables del lamentable desarrollo de los acontecimientos, se habían propuesto hacer todo lo posible para que esa liberación ocurriera lo antes posible, y tras pedir responsabilidad y tranquilidad a las familias, cuando éstas han decidido mantener silencio para ayudar a tal fin, Gobierno e instancias judiciales se enzarzan en una trifulca dando muestras de falta de esa responsabilidad que piden a los demás.