El Consejo de Ministros español ha decidido aplicar la reforma del Código Penal pactada anteriormente con el Partido Popular. El pacto data de cuando al frente del Ministerio de Justicia se encontraba Mariano Fernández Bermejo. Aquél tan amante de los ciervos e hijo de Don Mariano, un empresario maderero que fuera teniente alcalde y jefe del Movimiento Nacional en Arenas de San Pedro, ciudad perteneciente a Ávila. Esa provincia amurallada que tanto ha aportado a la gloriosa Historia de España. El Gran Inquisidor Tomás de Torquemada, Isabel la Católica, Adolfo Suárez y Ángel Acebes, todos abulenses.

La reforma consiste, como no podía ser de otra manera al ser obra de un pacto entre progresistas, en el endurecimiento de las penas. Sabido es que lo punitivo les pone. Se mueren por condenar. Alguien mostró ciertas dudas ante el endurecimiento de un código ya de por sí granítico, aduciendo un difícil encaje con lo que llaman el ordenamiento constitucional vigente. Pobres ignorantes que desconocen que la Constitución española de 1979 posee más elasticidad que la tripa de Jorge.

Aducen para la nueva reforma la manida «demanda social» y la adecuación de las penas a las nuevas formas de criminalidad.

Cuando un condenado por terrorismo, habiendo cumplido su condena, salga de la cárcel, estará en libertad vigilada durante diez años. Querían veinte, pero se dieron cuenta de que la vida humana no es tan longeva y de sobrevivir a cuarenta años de condena, tras diez años de vigilancia serán los trabajadores de las residencias de ancianos los que ocupen el lugar de la policía. Quizás podrían obligar su asistencia al rosario todos los días y a comulgar los primeros viernes de cada mes.

Resulta curiosa la utilización del concepto «libertad vigilada» como pena añadida en España. Pareciera que algún súbdito de este Estado gobernado por semejantes liberticidas capaces de gastar del erario público, fruto del hurto legal mediante impuestos, cientos de millones de euros en vigilancia destinada al control social, escapara al control del Gran Hermano Rubalcaba. Cada conversación a través de teléfono móvil es grabada; cada mensaje archivado, nuestras comunicaciones por internet son archivadas. Sitel se llama el sistema utilizado por el Estado. Nuestros paseos son filmados por centenares de cámaras colocadas a lo largo de las calles. Recordarlo y sed amables, sonreíd. La sociedad civil se ha tornado de cristal y lo único que permanece opaco son los centros de decisión que ocupan los que estructuran nuestra vida. Opacos y sustraídos al control de los ciudadanos las ganancias de empresarios y los beneficios obtenidos por los canallas a su servicio. Hace poco nos enteramos de las que dicen ser propiedades de los miembros del Gobierno español al tiempo que mostraban el cinismo que gastan publicándolo en el BOE. Nos toman por imbéciles. Todo ello legal y sin autorización judicial. No es necesaria; al fin y al cabo, el nuestro es un sistema modélico fruto de la transición democrática. El padre, jefe del Movimiento Nacional; el hijo, ministro de Justicia.