El secuestro del «Alakrana» ha tenido el feliz desenlace que, tras 47 días, la mayoría de la sociedad vasca esperaba con creciente ansiedad: la liberación de la tripulación del atunero sana y salva. Finalmente, tanto los propios secuestrados como sus familiares y allegados pueden respirar con tranquilidad tras mes y medio de angustia, y después de haber vivido momentos de auténtica desesperación ante las inquietantes y confusas noticias que llegaban desde Somalia. Atrás queda la pesadilla y toca ahora saborear la satisfacción de poder volver a abrazar a quienes llegaron a temer, y mucho, por su vida.

Un temor que, lógicamente, comenzó el mismo día en el que los piratas abordaron el «Alakrana», pero que se intensificó cuando, de forma incomprensible y sin que se conociesen precedentes similares, el Gobierno español decidió capturar a dos de los secuestradores. Desde ese día, y hasta hace escasas fechas, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no ha hecho otra cosa que dar palos de ciego, a cual más incoherente, exponiendo a la tripulación a un riesgo innecesario que, al final, se ha conjurado merced a lo que desde el principio se vislumbraba como la única salida: la negociación.

«El acuerdo entre nosotros y España parece satisfactorio», declaraba horas antes de la liberación uno de los portavoces de los secuestradores. No deja lugar a la duda: lo vistan como lo vistan, el Estado español ha negociado la salida a la crisis. Pero eso no borrará de la memoria que tanto el Gobierno como la Judicatura de Madrid han retardado inútil e irresponsablemente el momento de sentarse a dialogar con los representantes de los secuestradores, poniendo en peligro lo único realmente importante en el caso: la vida y la integridad física de los arrantzales. Han tenido que ser los familiares, desde su determinación y con una modélica actuación serena y responsable, quienes marcaran el camino a seguir, el camino de la negociación, el único viable y el que, a la postre, ha dado los frutos esperados.