De los datos de la macroencuesta que se dio a conocer ayer en la Cumbre Europea sobre Seguridad y Salud en el Trabajo se puede extraer la conclusión de que la salud laboral no es una de las mayores preocupaciones de la Unión Europea, y menos de las empresas. Nada menos que 167.000 muertos anuales a consecuencia de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo son una cifra que se puede calificar de alarmante, y el coste de esas muertes alcanza el 6% del PIB europeo. La encuesta sobre evaluación de riesgos, realizada en los estados de la UE y en cuatro más, ha arrojado datos clarificadores: un 20% de las empresas no hacen evaluación de riesgos, y la calidad de la evaluación de quienes la hacen es de dudosa calidad, por lo que resulta inevitable preguntarse cómo se pueden prevenir los riesgos si la evaluación es defectuosa. ¿Acaso se realiza como un mero trámite sin pensar en su efectividad? Por último, también es significativa la polémica en torno a la pretensión de evitar que las microempresas hagan evaluación de riesgos, dentro de una normativa para la racionalización de los costes para las empresas, rechazada finalmente por la Comisión Europea, pero también indicativa de la importancia que algunos, incluido el propio presidente, Durao Barroso, dan a un asunto que se supone especialmente sensible.