Los habitantes de Yta-kyry, en el departamento del Alto Paraná, al sureste de Paraguay, lo venían denunciando, pero nadie les hacía caso, salvo algún que otro activista. Total, sólo son indígenas y su voz frente a las alegaciones de los grandes productores agropecuarios no suele tener demasiado peso.

Pero en esta ocasión las técnicas empleadas para intimidar y desalojar de sus tierras a sus pobladores han excedido los límites, llevando al Ministerio de Salud Pública de Paraguay a denunciar lo que era un secreto a voces en Ytakyry. El 6 de noviembre, cerca de 200 indígenas de cinco comunidades fueron literalmente «fumigados» desde un avión con «sustancias tóxicas», al parecer con un pesticida utilizado en los cultivos de soja. Los afectados sufrieron cefaleas, náuseas y vómitos. Siete fueron ingresados.

Las evidencias parecen estar tan claras que la ministra de Salud, Esperanza Martínez, ha acusado públicamente a los empresarios agrícolas de atentar contra el medio ambiente y la salud. La presidenta del Instituto Nacional del Indígena, Lida Acuña, ha hablado incluso de genocidio, porque «hubo un intento de dispersar a una comunidad de su territorio».

En litigio están 3.000 hectáreas. La decisión a última hora de un fiscal de distrito impidió la ejecución de una orden de desahucio auspiciada por la propia Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ante ese inesperado revés, los productores, tanto brasileños como paraguayos, respondieron rociando las casas de los nativos.

De momento, no han recibido sanción alguna, como era de esperar. Pero lo realmente preocupante es la postura de la comisión llamada de Derechos Humanos, que ampara las órdenes de desalojo cuando su principal cometido debería ser la protección de la vida de los pueblos indígenas.

A las 700 familias que componen estas cinco comunidades no les queda más remedio que seguir luchando contra propios y extraños, mientras se alimentan de unos cultivos rociados con sustancias tóxicas.