Hacía casi dos años que la comisión mixta interestatal del aeropuerto de Hondarriba no se reunía a pesar de las reiteradas peticiones del ayuntamiento de Hendaia, cuyo alcalde incluso advirtió que acudiría a los tribunales si no lo hacía este otoño. Lo hizo, por cuarta vez desde que se firmara el acuerdo franco-español en marzo de 1992, el pasado lunes en Donostia.

Participaron en el encuentro el delegado del Gobierno en la CAV, Mikel Cabieces, el consejero de Transportes, Iñaki Arriola, la diputada de Movilidad, Arantza Tapia, los alcaldes de Irun, Hendaia y Hondarribia, así como el prefecto de Pau, representantes del Ministerio de Fomento, de la Aviación Civil de ambos estados y de AENA.

Las interpretaciones sobre elcontenido de la reunión son, cuando menos, divergentes, según de dónde provengan. Así, la prefectura de los Pirineos Atlánticos hizo público ayer un comunicado en el que manifestaba que las autoridades francesas se reafirmaron en la letra del convenio, es decir, en que por el aeropuerto sólo pueden transitar «un máximo de 24 vuelos comerciales diarios».

Los representantes franceses recordaron a la parte española la obligación de respetar el derecho internacional y añadieron que «el gobierno francés se reservaba la posibilidad de restringir el uso del espacio aéreo si fuese necesario».

La delegación francesa lamentó que no se le haya informado sobre «la evolución de las infraestructuras previstas en una zona ecológica excepcional» como es la bahía de Txingudi y exigió ser partícipe en las estudios de desarrollo del aeropuerto que afectan al medio natural y a la población hendayesa.

Huella acústica

El alcalde de Hendaia, Battit Sallaberri, puso sobre la mesa el incumplimiento del convenio, indicando que el tránsito actual de aviones excede lo acordado. La delegación española, disconforme con tal interpretación, argumentó que la «huella acústica» es en la actualidad inferior en dos tercios a lo establecido en el convenio.

Respecto al proyecto de prolongación de la pista, las autoridades españolas afirmaron que cumplirán con las normativas comunitarias que imponen la participación de las adminsitraciones afectadas y aseguraron a la delegación francesa que será «parte activa» en el procedimiento.

La comisión interestatal convino reunirse dos o tres veces al año para concertar las condiciones medioambientales y de seguridad pertinentes.