El presidente francés es prisionero de sus palabras. Al llegar a la mitad de su mandato, las promesas incumplidas cobran peso y las dificultades para explicar la futura reforma de las competencias territoriales -y en particular el paquete fiscal que le antecede- hacen mella en la propia mayoría presidencial.

A cuatro meses de las elecciones regionales, el Elíseo tiene abiertos frentes mayores. Y el mensaje que ayer tarde dirigió el primer ministro, François Fillon, a los 11.000 alcaldes congregados en la Puerta de Versailles en el sentido de que «no se puede retrasar» la supresión de la tasa profesional (impuesto a las empresas ) que acompaña a la reforma administrativo-territorial no parece que vaya a servir para calmar los ánimos.

Los electos del PS instigaron la pitada a Fillon, pero es indudable que su mensaje ha prendido en figuras tan referenciales de la derecha como Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé o Dominique de Villepin, a los que hacen coro numerosos electos territoriales, preocupados por unos sondeos en los que una mayoría de los ciudadanos afirman o no entender o no compartir la reforma territorial.

En el horizonte de 2014, Sarkozy quiere pasar de los 6.000 consejeros departamentales y regionales actuales a sólo 3.000, y prevé que los futuros electos territoriales repartan sus funciones entre el consejo regional y el departamento.

Lógicamente, la reforma ha sido mal acogida entre los consejeros que ven peligrar sus cargos en el futuro. Sin embargo, junto con los motivos personales, aflora la denuncia política de la recentralización.

En 1982, con Mauroy (PS), el Estado francés emprendía una reforma tendente a repartir competencias entre esos estratos administrativos intermedios y a la que puso la guinda Raffarin (UMP) en 2004.

En este tiempo se han reforzado las estructuras intercomunales y han tomado cuerpo experiencias como los «pays» (reforma Voynet) que permiten crear estructuras a priori más cercanas a la ciudadanía.

Ello no implica que en este tiempo el Estado haya renunciado a irrigar su presencia en toda la arquitectura institucional francesa, y menos aún que París haya mostrado una actitud más abierta hacia las reclamaciones de reconocimiento institucional de las naciones encuadradas en el Hexágono.

Bajo el argumento de que hay que agilizar la pirámide administrativa, Sarkozy se apresta a cortar las alas -vía limitación competencial y financiera- a regiones y departamentos.

Aunque entre los representantes de dichos estamentos se manifestó ya a la vuelta de verano un rumor de descontento, -el enfado del presidente de Aquitania, Alain Rousset, fue memorable- donde realmente ha rugido la marabunta es en la base del esquema institucional.

La política de impuestos

La reunión de la asociación de alcaldes de Francia se convertía ayer en el escenario propicio para censurar a un presidente que aseguró al arranque de su mandato que «Francia no se puede construir contra sus alcaldes». Claro que también prometió acudir cada año al cónclave de los alcaldes... para, en plena tormenta, dejar ayer sólo a Fillon, no sin antes programar una foto más propicia con alcaldes, el viernes, en el Elíseo.

El tópico de que los franceses tienen el corazón a la izquierda y el bolsillo a la derecha resulta bastante útil a la hora de explicar que electos de la derecha se opongan a una línea de TGV... cuando les presentan la factura, o que los regidores municipales de la UMP, por mucho que se sientan solidarios con la patronal, secunden la cruzada del PS contra la supresión de una tasa que, por cierto, el desaparecido presidente Mitterrand llamaba el «impuesto imbécil», pero que representa un tercio de la recaudación municipal.