La Coordinadora Anti-Coke desveló ayer que el Consistorio de Muskiz ha contestado al juzgado donde se instruye su petición de paralización cautelar de las obras de construcción de la URF, que se opone a tal medida. Es más, para reforzar esa posición, el equipo de gobierno EA-PSE propone que en caso de aceptarse los planteamientos de los opositores se establezca una fianza de un millón de euros para hacerla efectiva.

El acuerdo de la junta de gobierno que preside Gonzalo Riancho se adoptó el 17 de noviembre por tres votos a favor y uno en contra. «Es una manera de impedir que se ejecuten sentencias judiciales», manifiestan desde la Coordinadora, que no ocultan su enfado por la actitud del Ayuntamiento muskiztarra. Aclaran que, por ejemplo, la autorización ambiental concedida por el Gobierno de Gasteiz fija una fianza a la actividad de la refinería de 50.000 euros.

Los vecinos consideran que no hay precedentes de que un ayuntamiento fije una fianza semejante «para proteger los intereses de una empresa privada frente a la ciudadanía o asociaciones ecologistas, lo normal es que sea la propia empresa la que así lo solicite. Probablemente -apostillan los afectados indignados-, ahora la empresa se anime a pedirnos unos cuantos millones más».

La reclamación de la plataforma ciudadana se produjo a raíz del traslado de los hornos de coque desde el puerto hasta la refinería de Petronor. Enconces, la Coordinadora reclamó que se paralizasen cautelarmente las obras, una vez que está formalizando las denuncias contra la Autorización Ambiental Integrada y las licencias otorgadas por el Ejecutivo de Lakua y el Consistorio, respectivamente.

Los opositores explican que el proceso judicial «tiene sus tiempos» y mientras los trabajos de construcción de la planta no cesan; por ello, su petición.

«Esa fianza se la debería pedir [se refieren al Ayuntamiento] a Petronor por los daños que ocasiona su actividad en nuestra salud y calidad de vida y no a los vecinos y a las vecinas que únicamente pretendemos evitar un mal mayor ante la posibilidad de encontrarnos con una instalación hecha en el momento de la resolución de los juicios, que en el caso de sernos favorables obligaría a un desmantelamiento industrial».

Los opositores señalan que, en los dos últimos años, el alcalde de Muskiz «ha ido rompiendo una por una sus promesas electorales». Creen que este cambio de actitud comenzó a raíz de que concedió la licencia de actividad y de obras de la URF de Petronor, ya que estiman que, a partir de ahí, la compañía que preside Josu Jon Imaz es la que marca los movimientos de la institución que preside Riancho. «Volvemos a ver nuestra Corporación municipal pegada a la empresa», confiesan.

La Coordinadora menciona que la filial de Repsol mantiene un almacén «ilegal» junto al polideportivo, «recurriendo una a una todas las multas impuestas, de 600 euros al mes -la última en diciembre-; vaya alquiler más barato». Ante esta infracción, preguntan al equipo de gobierno cuándo piensa hacer cumplir la legalidad a Petronor.

Hace una semana se conoció que Repsol mantenía su firme apuesta por construir la planta de coque de Petronor, a pesar de las presiones ejercidas por la compañía constructora Sacyr -primera accionista de la petrolera española- que planteaba «congelar» el proyecto de la Unidad de Reducción de Fueloil para pagar más dividendo.