Los dirigentes universitarios nos tienen en el «invernadero», lo cual no es una simple expresión metafórica de nuestra situación real, teniendo en cuenta las fechas del calendario y la conocida presencia diaria con la pancarta en las puertas del campus de Leioa.

Tras la entrevista mantenida con el rector Iñaki Goirizelaia el curso pasado por parte de nuestra Comisión de Apoyo, parecía que la UPV se disponía por fin a comenzar un proceso negociador que pusiese fin al interminable conflicto en el que nos encontramos inmersos. Debemos recordar que en marzo del año próximo se va a cumplir el decimoctavo aniversario de nuestro despido, lo que significa que los nuevos estudiantes que se incorporan este año a las aulas apenas habían nacido cuando ese evento ocurrió. Desgraciadamente, las cosas siguen igual y desde el mes de junio no tenemos noticia alguna de los mandatarios universitarios. Probablemente piensan que todavía no nos encontramos suficientemente maduros y preparados para acometer ese proceso.

Creíamos que los principales obstáculos al inicio de las negociaciones provenían del contenido de los temas que queríamos poner encima de la mesa. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que también el continente, las formas del proceso, tiene algo que ver con la parálisis actual. Y esto es novedoso, porque en las anteriores e históricas negociaciones que mantuvimos con los rectores Goiriena de Gandarias y Pello Salaburu la cuestión del procedimiento no dio lugar a discusión alguna. Allí estuvieron presentes en representación de la UPV rectores o vicerrectores, hubo mediadores (los entonces presidentes del Consejo Social), secretaria, se levantaron actas e incluso en la negociación de 1993 con Goiriena se llegó a acuerdos firmados por ambas partes y remitidos a instancias universitarias de Gobierno. Que al final en uno u otro caso no se llegara a un final satisfactorio no invalida en absoluto la solvencia del procedimiento formal.

Hemos pedido a los gobernantes de la UPV que utilicen un mecanismo análogo al que hemos comentado: presencia en la mesa de un mediador elegido de común acuerdo y de un miembro o miembros del equipo rectoral. Que se levanten actas de las sesiones, que de llegarse a acuerdos se firmen por ambas partes y se lleven para su aprobación, si procede, al organismo correspondiente. No creemos que este planteamiento tenga que ser utilizado como excusa para prolongar indefinidamente nuestra exclusión. Un mediador resulta una figura imprescindible para la buena marcha del proceso. Sería el encargado de plantear el formato de los temas a tratar, intervenir sobre las condiciones exigidas a las dos partes, moderar las discusiones, aproximar intereses, actuar como testigo, dar fe de lo allí dicho y acordado y ser avalista de lo tratado y pactado. Resulta, pues, un elemento relevante y necesario en cualquier negociación que se precie, una garantía para nosotros de seriedad en el buen discurrir del procedimiento. En cuanto a la presencia de un miembro del equipo rectoral, la consideramos lógica a fin de comprobar la voluntad de llegar a un acuerdo por parte del rector y para sellar compromisos que atañen a todo el equipo de gobierno en su conjunto.

Un proceso negociador como el descrito, y más si se da en una institución pública como es la universidad, debe cumplir la condición de ser discreto en su materialización, pero al mismo tiempo transparente. La comunidad universitaria tiene derecho a conocer quién negocia y también los temas que se negocian e incluso las posiciones de ambas partes. Y, por supuesto, conocer los resultados finales.

El secretismo y la clandestinidad de lo pactado y discutido no pueden conducir más que a la sospecha y la rumorología, que perjudican la imagen de la universidad y no benefician a los afectados cuyos derechos pueden ser negados en virtud de compromisos de silencio. Sabemos que habrá enemigos que se opondrán al acuerdo, pero apostamos por la autonomía universitaria, la legalidad y legitimidad plena de nuestras reivindicaciones y la voluntad de la mayoría de los universitarios para que este contencioso tenga un final justo y equitativo.