Cuando un juez se niega a aplicar las medidas que pudieran garantizar que los detenidos vayan a ser torturados, las cosas están bastante claras para cualquier persona sensata. Cuando, además, ese sistema político y judicial desprecia con desdén las recomendaciones de los expertos de la ONU, de Amnistía Internacional y del Comité de Prevención de la Tortura, hay complicidades nítidas. La tortura es una realidad: pregunten a los torturados.