Minutos antes de ofrecer una charla en Bilbo, Iván Cepeda nos recibe para dar cuenta de la delicada situación por la que atraviesan los derechos más básicos en Colombia. No se amilana al apuntar la responsabilidad del Gobierno en este asunto.

¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Colombia?

Colombia sigue siendo un país que tiene una situación bastante preocupante en materia de derechos humanos. Hay un conflicto que dura ya más de cinco décadas que ha producido una cantidad de víctimas considerable; un país en el que sigue produciendo un fenómeno, el del desplazamiento forzado. El Gobierno reconoció que hay dos millones de personas desplazadas. Igualmente, siguen existiendo estructuras paramilitares que, a pesar de que se dice que han sido desmovilizadas, siguen actuando. Se sigue asesinando a sindicalistas y a defensores de derechos humanos. Por lo tanto, seguimos en una crisis crónica de derechos humanos.

A muchos campesinos se les expropian sus tierras para cedérselas a empresas y terratenientes. ¿Qué se hace frente a esto?

Hay múltiples luchas. Los campesinos se han organizado en distintas asociaciones y han propuesto una reforma agraria que llaman «mandato agrario» y es una propuesta integral de cómo hacer viable el mundo rural en Colombia.

Los indígenas han desarrollado una iniciativa, la Minga Indígena, que es un proceso de movilización indígena para que se respeten sus tierras y sus territorios. Los campesinos víctimas de la violencia de estado se han organizado en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para poder hacer realidad la reparación y la devolución de las tierras que han sido usurpadas. Hay un arco iris de propuestas al respecto.

¿Qué papel juegan en este contexto los organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

Como organismo protector de los derechos humanos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han cumplido un papel relevante en visibilizar esta situación. A través de pronunciamientos y sentencias han mostrado que el Gobierno colombiano ha violado los derechos humanos de manera sistemática. Son más de 40 pronunciamientos relacionados con casos de la CIDH, y estamos acercándonos decena de sentencias en la que Corte ha condenado al Estado.

No es extraño oír hablar de montajes judiciales para conseguir encarcelar a ciertas personas. ¿Hasta qué punto está contaminado el sistema judicial?

Hay que analizar los niveles de ese sistema. Hay sectores que, efectivamente, por una serie de procedimientos y prácticas han sido privados de su autonomía e independencia. Pero hay otros niveles que tienen independencia y quieren que se cumpla la justicia. El mejor ejemplo es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha desarrollado los procesos más importantes en la actualidad: los de enjuiciamiento de políticos y parlamentarios -muy cercanos al presidente Álvaro Uribe- que han sido encontrados culpables por su nexo con los paramilitares.

¿Cree que ese nivel superior de independencia de la CSJ es la razón por la que ha recibido tantas críticas del presidente?

Yo creo que sí, pero no son sólo críticas, es persecución. Es una persecución que ha sido desarrollada al más alto nivel contra el poder judicial. Lo he dicho en repetidas ocasiones, creo que el presidente Uribe teme a la Justicia porque está buscando el fondo del entramado de las relaciones entre políticos de alto nivel y grupos paramilitares.

¿En qué podría desembocar todo esto?

Estamos hablando de un proceso que puede llevar al enjuiciamiento del máximo responsable de todos estos crímenes. Recientemente, la CSJ adoptó la figura del «aparato armado del poder», que es una figura que utilizó la CSJ de Perú para juzgar al presidente Alberto Fujimori. Bajo esa misma figura pueden ser juzgados máximos responsables en Colombia.

Ahora bien, todo radica en que la Corte pueda hacer su trabajo sin interrupciones y sin obstáculos.

¿Cómo valoran el gesto del presidente de pedir ante el Congreso que se eliminara la propuesta de una Ley de Víctimas?

Muy coherente con su estrategia. Tradicionalmente han estado al lado de quienes han perpetrado los crímenes. El presidente es el principal enemigo de un proceso de justicia para las familias en nuestro país. Ha preferido hundir en el Parlamento la propuesta de Ley de Víctimas porque prefieren entregar los subsidios agrícolas a personas vinculadas a los paramilitares en vez de dárselos a las familias desplazadas.