El presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, se preparó un cómodo viaje a Madrid al suscribir un artículo de opinión en las páginas de la edición de ayer de «El País» que llegó a primera hora a los kioskos con un clarificador titular: «Defensa y elogio de la Constitución». De manera consecuente, el líder del PSC defiende al unísono la Carta Magna española y el Estatut recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional. Conviene recordar que la reforma estatutaria, aprobada en un referéndum que rozó pero no alcanzó el 50% de participación, fue validada por las Cortes españolas después del «cepillado» -término acuñado para la ocasión por Alfonso Guerra- que se le dio al documento consensuado en el Parlament.

Pese a que el clima socio-político catalán y las declaraciones de los portavoces más vociferantes del nacionalismo español induzcan a crear una imagen de enfrentamiento abierto entre Catalunya y el Estado español, no es eso lo que se está dilucidando en la partida que controla el TC, que es quien establece el campo de juego y el transcurrir del tiempo. Lo que pretenden quienes defienden con más ahínco el nuevo Estatut (PSC y CiU) es que una sentencia favorable logre anestesiar a parte del espectro soberanista catalán o, al menos, les dé argumentos para intentar debilitar a ese movimiento.

Lo que resulta chocante es que el president tenga que echar mano de la prensa para explicar qué es lo que está en juego: «Y comparto la disyuntiva planteada por el editorialista de El País: `Agravar el problema catalán o encauzarlo. Ése es el dilema que afronta el Constitucional'. Ése es también el sentido del editorial publicado por 12 periódicos catalanes, que suscribo totalmente: `Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la Historia de España'».

Todo apunta a que sólo el PP no se ha enterado de que es mejor un Estatut «cepillado» que un «problema catalán» agravado.