El Gobierno español ya ha dado el paso de recurrir a un juez para que decrete la alimentación forzosa de la activista saharaui Aminatu Haidar, que ayer cumplió 21 días en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote para reclamar su derecho de regresar a El Aaiún.

Ayer a las 20.00 [21.00, en Euskal Herria], el juez Jerónimo Alonso, acompañado por el secretario judicial, un médico forense y agentes policiales realizaron un reconocimiento a Haidar.

La Plataforma de Apoyo a Aminatu Haidar denunció que los agentes de la Policía Judicial echaron de la habitación en la que se encontraba la activista a las personas que la acompañaban e impidieron a su abogada estar con ella .

«El trato fue indigno, comparable al recibido por Haidar por parte de la Policía marroquí. El Estado español practica la tortura sicológica, mediante la que contribuye a deteriorar el ya de por sí bastante precario estado de salud» de la ciudadana saharaui, denunciaron.

La visita del juez se produjo a instancias de la delegada del Gobierno español en Canarias, Carolina Darias, y fue justificada para «garantizar la vida y la integridad física» de Haidar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Declaración de Tokio, considera una forma de tortura la alimentación forzosa de los huelguistas de hambre. Sin embargo, Madrid la ha empleado en repetidas ocasiones en contra de presos políticos vascos y del PCE(r) y Grapo.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, comparte las tesis del Gobierno, ya que ayer declaró que «lo fundamental es mantener alimentada» a Haidar.

El presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, destacó, que «todo el Gobierno está trabajando para buscar una solución, lo que no es nada fácil».

La Plataforma de Apoyo a Aminatu Haidar reclamó ayer a los responsable de la UE la suspensión de la Cumbre bilateral con Marruecos, que comenzará hoy en Bruselas, hasta que Rabat «respete los derechos humanos y permita la vuelta con garantías» de la activista.

Junto a ello, volvieron a mostrar su temor ante el deterioro de las condiciones sanitarias de Haidar, «porque en cualquier momento se puede producir un desenlace fatal o daños irreversibles para su estado físico».

También incidieron en la responsabilidad del Gobierno español en esta situación, «al incumplir su propia legislación y actuar en complicidad» con el Gobierno de Marruecos.