El 18 de diciembre del año 1990, tras el fuerte incremento de las migraciones entre los estados en el conjunto del planeta, la Asamblea de la ONU adopta la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (resolución 45/158).

En ella, en acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los pactos y convenciones internacionales relacionadas con la no discriminación por origen nacional, étnico, cultural o lingüístico o por sexo, ideología o situación laboral, los estados firmantes «se comprometen a respetar y asegurar a todas/os los trabajadores migrantes `extranjeros' y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometido a su jurisdicción» esos derechos básicos.

Hoy día las personas que deben abandonar sus estados de origen por motivos ecológicos, políticos o económicos ascienden a unas 200 millones. Otro tanto lo hacen dentro de las fronteras de esos mismos estados.

También el 18 diciembre del año 2000, con el fin de que los estados miembros, así como organizaciones inter y no-gubernamentales, ratifiquen y difundan esa Convención y los derechos que contempla, y ante el preocupante retroceso de esos derechos sobre todo en muchos estados del «Norte», la ONU invita «a observar» esta jornada como el Día Internacional del Migrante.

¿Qué harán los dos estados que tienen sus picas puestas en Euskal Herria? ¿Qué harán los gobiernos de Sarkozy y de Zapatero? Simplemente no ratificar esa Convención. Y no lo harán porque, evidentemente, bajo sus espíritus patrios, y al igual que otros correligionarios de la Unión Europea, ni uno ni otro garantizan ni aspiran a garantizar esos derechos humanos básicos. Pero también, y sobre todo, porque ya vienen haciendo desde hace tiempo justo lo contrario.

Bajo el paradigma de la seguridad, el control de los flujos migratorios y el blindaje de sus fronteras y su intervención fuera de ellas, estos dos estados vienen desarrollando políticas de interior y exterior, tanto policiales y militares, como administrativas y de cooperación que cercenan y atacan esos derechos elementales y a las personas que los portan. Han sido y seguirán siendo avanzadilla del cenáculo policial del Convenio de Schengen y del Grupo de Trevi, del asalto al derecho de asilo y refugio o de la aprobación, el pasado año en el Parlamento Europeo, de la Directiva de la Vergüenza. Ellos la llamaron, en una muestra tanto de su inmenso cinismo como del enorme dolor del que son capaces de infringir, de «Retorno». Es decir, de utilizar las tecnologías más sofisticadas y los medios más brutales para espiar, fichar, detener, confinar y expulsar a quienes ellos, y sólo ellos, unilateralmente decidan no dar su graciosa residencia, permiso de trabajo o sus nacionalidades estatales según y cuando les convenga.

Los últimos cambios en estos dos estados en materia de lo que ellos consideran «extranjería» o de lo que definen como su «nacionalidad» son la cobertura jurídica, administrativa y policial para todo ello. La nueva y rancia Ley de Inmigración o de Integración de los franceses. La enésima reforma regresiva, recientemente aprobada, de la Ley de Extranjería de los españoles. Diferente envoltorio y el mismo contenido para acorazarse en su lustrosa fortaleza frente a las dramáticas realidades que ellos mismos provocan contra personas, colectivos y pueblos que demandan más dignidad. Ellos levitan en el espíritu sublime de la Civilización, y los «Otros» en el atraso, el fanatismo, el caos y la animalidad.

Estas leyes y reformas de Sarkozy y de Zapatero, pregonadas a bombo y platillo, buscan la clasificación, discriminación y criminalización de estas personas en base a criterios xenófobos, racistas y sexistas. En el más «alto», personas con residencia y permiso de trabajo con zanja y caducidad; en el más «bajo» personas con cerco blindado a la residencia y empadronamiento a delincuentes clandestinos a detectar y perseguir. En medio, un laberinto de arbitrariedades en el que discurre el castigo a familiares y amigos que osan ejercer de tales o una mayor indefensión de las mujeres migrantes o refugiadas que han sido violadas o maltratadas. Para más personas y por más tiempo con cero garantías, más Guantánamos-CIES (Centros de Internamientos de Extranjeros), como el que tenemos en Hendaia. Y después, para rematar, con una suprema desfachatez señalan y culpabilizan a la propia sociedad como el origen donde anidan los prejuicios xenófobos y racistas.

Todo ello lo imponen no sólo en el territorio en el que estos dos estados mantienen sus respectivas «soberanías nacionales», sino que además lo están haciendo, con o sin acuerdos bilaterales, por tierra, mar y aire, en el trayecto e incluso en los lugares de origen de las personas que buscan otra vida, desean una mejor o necesitan el asilo simplemente para mantenerla. Y por tanto, también las imponen aquí en Euskal Herria contra personas que, ellos y sólo ellos, han decidido considerar «extranjeras» y sin garantías.

Personas que viven y se relacionan con nosotros en los pueblos y barrios de nuestro «inexistente» país. Sin poder garantizar plenamente nada a nadie. Ni a las personas que vienen, ni a las que están, ni a las que se tienen que ir. Procedamos de otros estados, de otros pueblos de esos mismos estados o hayamos nacido aquí. Por eso, la vulneración de los derechos de las personas migrantes «extranjeras» y «extracomunitarias» en Euskal Herria es también una vulneración de nuestros derechos. No sólo porque atentan contra derechos universales individuales. También porque, en nuestra situación de minorización política y cultural y de creciente precarización social y económica, supone una vulneración más al derecho que como pueblo tenemos a dotarnos de un marco jurídico y político con garantías de todas las personas que convivimos en este país en cuestiones tan básicas como una residencia, ciudadanía y nacionalidad inclusivas y justas. Así, en el «mejor» de los casos, esos estados nos obligan a gestionar su miseria y las consecuencias de sus políticas. Nos obligan a soportar sus fóbicos «espíritus nacionales» y sus estados policiacos, uniformizadores e imperialistas.

Al igual que ocurre con las personas y agentes que defienden los derechos individuales y colectivos de este viejo pueblo, nos obligan a asistir con impotencia y rabia a ver como nuestros amigos, parientes, vecinas, compañeros de escuela o de trabajo tienen que vivir entre la inseguridad de la mayor precarización o la pérdida del trabajo y la imposibilidad de disfrutar de una vivienda estable y digna. Personas que viven el temor a perder ellas o sus hijas sus señas de identidad y sus creencias o a la decepción de no tener las mismas oportunidades para llegar a entender la lengua originaria y la cultura de este pueblo. O a tener el acceso pleno a la educación y la formación. Personas, sobre todo, que sufren en silencio el terror a la detención, la tortura, al confinamiento o a la expulsión.

Esas personas son las mismas personas que la «chusma» de los banlieux o que los patois bretones, corsos o vascos de Sarko, el adalid de los valores republicanos. Son las mismas personas que los «delincuentes inmigrantes» o que los «separatistas» catalanes o vascos de Rubalcaba, el defensor de la integridad de la cabra monárquica. Se les nota en su determinación a la hora de arrasar «selvas de Calois», repartir ráfagas en las alambradas fronterizas de las colonias de Ceuta y Melilla o desplegar conjuntamente razzias de detenciones de jóvenes vascos. Su sublime espíritu lo han forjado honda y largamente en el odio experimentado en todas y cada una de sus derrotas. En las montañas de Abd el Khrim o de Tupac Amaru, en las veredas de Bolívar o de Martí, en la bahía del Mekong o en la sabana de Anktia Diop, en las calles de Argel o en el último grito de un fusilado al alba: «aberria ala hil!» Todas ellas son las que hoy les miran con firmeza y dignidad a través de los ojos de Aminetu.

Por eso, no tenemos ninguna duda. En torno a este 18 de diciembre, haciendo gala de ese espíritu toril y jacobino, lleno del odio y cinismo común forjado a través de siglos de Suprema Civilización, tienen que celebrar el Día Internacional del Migrante con grandes fastos, declaraciones, conferencias, estudios y actos protocolarios. Y lo hacen condescendientes no para tranquilizar sus conciencias, sino porque así pasarán secretamente factura a los y las hijas, nietas y biznietas de todos esos pueblos que los mandaron de vuelta a sus hexágonos y zarzuelas.

Y claro, en ningún caso, de ningún modo y bajo ninguna circunstancia ni ellos en París o Madrid ni, por supuesto, ninguno de sus procónsules destinados en provincias, pondrán en riesgo su «Grandeur Republicainne» de «pieds noires» o el «brillo del Tercio de Flandes», transmutado en noble perfume de la Legión, firmando ninguna sandez como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares. Ni, por supuesto, ningún otro estúpido acuerdo o negociación que reconozca derecho alguno a nadie que no sean ellos mismos.