La sentencia por el juicio celebrado contra el ex subdirector de Seguridad de la prisión de Langraiz por abusos y requerimientos sexuales a mujeres presas a cambio de favores penitenciarios, hecha pública este miér- coles, ha llegado por sorpresa, ya que no se esperaba hasta enero. La Audiencia Provincial de Araba ha condenado a Mariano Merino, que ejerció su cargo de subdirector de seguridad entre 2003 y 2005, a un año de cárcel y a seis de inhabilitación, además de tener que indemnizar con 3.000 euros a una de las mujeres.

La plataforma social creada en apoyo a las presas del penal alavés hizo ayer una lectura positiva de la sentencia ante los medios. «Nos parece muy positiva, en el sentido de que asume que todas ellas sufrieron coacciones», explicó Carlos Hernández, miembro de la plataforma. Además, «se reconoce que, fruto de las presiones, las cuatro mujeres sufrieron cuadros de estrés o depresión, de mayor o menor gravedad», añadió.

Sin embargo, pese a reconocerse que las cuatro mujeres fueron coaccionadas por Mariano Merino, la resolución judicial establece que sólo en un caso «no existe duda alguna» de que se trató de proposiciones de carácter sexual. La plataforma de apoyo subrayó que sus miembros «están convencidos de que en los cuatro casos fueron coacciones sexuales», pero aun así aceptan la sentencia. No la recurrirán, aunque sí prestarán su apoyo si las afectadas deciden cuestionarla, ya que consideran que «al menos se ha hecho algo de justicia y hay que tener en cuenta que eran cuatro mujeres presas contra todo un subdirector de Seguridad».

Asimismo, recordaron que en la resolución consta que, «la actitud de Merino fue reprobable», por lo que, «probablemente pueda ser objeto de sanciones disciplinarias por parte de Instituciones Penitenciarias», relataron. «Creemos que no se puede dejar ninguna persona presa bajo la custodia de Merino», aseguraron a la vez que instaron a Instituciones Penitenciarias a tomar medidas.

Tres mujeres más

La propia sentencia reconoce la existencia de otras tres mujeres, como mínimo, que pudieron sufrir situaciones de acoso similares, aunque no existen denuncias. No obstante, Carlos Hernández destacó que «el Minis- terio Fiscal debe investigar estos casos hasta el final».

En paralelo, criticaron el papel que ha mantenido la Fiscalía ya que «se ha dedicado a defender los intereses del acusado, apoyando la postura de que todo era un complot» de las denunciantes. «Si hay algo que esclarece la sentencia, es que esa hipótesis es irracional», denunciaron. Ninguna autoridad ha hecho valoración política alguna de esta sentencia.