Diversos acontecimientos durante las últimas semanas han enredado todavía más la ya de por sí delicada situación de Turquía. El conflicto con el pueblo kurdo, el juicio en torno a la «red Ergenekon», las tensiones entre diferentes instituciones del Estado y el supuesto intento de atentado contra el viceprimer ministro y las posteriores detenciones de militares, son algunas de las fichas del panorama turco, que podría estar situando al puente entre Asia y Europa en una encrucijada.

El año que acaba de finalizar ha estado marcado en buena medida por las diferentes iniciativas en torno al pueblo kurdo. La decidida apuesta de los representantes del norte de Kurdistán para buscar una solución negociada a tantos años de conflicto político y militar motivó la apertura de una ventana a la esperanza. En un primer momento, desde el Gobierno de Ankara se optó por el silencio, pero según iba tomando cuerpo la iniciativa kurda, los dirigentes del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) pusieron sobre la mesa su propuesta.

Ese paso dado por el Gobierno turco encontró importantes reticencias y rechazos dentro de la oposición parlamentaria turca entre las filas del propio Ejército, ambos, junto con la burocracia kemalista, defensores de un status quo que excluye toda salida negociada con el pueblo kurdo. Esas dificultades, añadidas a la postura indecisa dentro de las propias filas del AKP (que vio cómo su estrategia de desbancar electoralmente a los partidos kurdos fracasaba), pondría la llamada «iniciativa democrática» en una difícil tesitura.

Mientras que los representantes kurdos (Abdullah Öcalan, DTP y sectores de la sociedad del norte de Kurdistán) daban muestras fehacientes de su decisión de encontrar las vías para encaminar la solución al conflicto, las provocaciones militares (que encontraban respuesta en algunas unidades del PKK) y las presiones de los poderes fácticos turcos frenaban cualquier avance serio.

La ilegalización del Partido de la Sociedad Democrática (DTP), las posteriores detenciones de decenas de dirigentes y representantes civiles del norte de Kurdistán, los escasos o nulos avances en materia de derechos lingüísticos (el uso de otras lenguas diferentes al turco es un delito) o culturales, las continuas operaciones militares (buscando «crear una atmósfera que impida cualquier solución pacífica»), el régimen de aislamiento y encarcelamiento de Öcalan, son algunas muestras que impiden presentar la supuesta buena fe del Gobierno turco en este asunto.

El pueblo kurdo, a través de sus representantes, sigue manifestando su clara apuesta por encontrar una solución negociada. El propio Öcalan manifestó hace semanas que su liderazgo era meramente «sociológico», dadas las condiciones de encarcelamiento que soportaba, que hacían «imposible en la práctica, actuar como un líder político». En ese sentido hizo un llamamiento a buscar la interlocución en los dirigentes del DTP, o incluso en otros sectores de la sociedad kurda, siempre son el firme propósito de avanzar hacia la resolución del conflicto.

En unas recientes declaraciones, el líder del PKK ha señalado que nos encontramos ante «una búsqueda de solución para un problema de derechos colectivos» y que, de no afrontarse en esos parámetros, probablemente el conflicto seguirá latente durante «otros 50, 500 ó 1.000 años».

El propio Öcalan ha señalado que «nuestro principal problema es ontológico, en otras palabras, el problema de existencia. Nuestro problema es ser capaces de existir. Estamos luchando por nuestra existencia».

Algunos actores han señalado la necesidad de «acabar con las barreras legales que coartan la libre expresión; mantener las puertas abiertas al diálogo; y finalizar con las operaciones miliares» como pasos para avanzar en un proceso resolutivo. Evidentemente, la ilegalización de organizaciones políticas kurdas dificulta ese escenario, como también lo hacen las maniobras de los partidos kemalistas y los militares con posturas involucionistas y de bloqueo permanente a cualquier intento de buscar puentes negociadores.

Las tensiones en Turquía también anidan en otro frente. Si para algunos medios próximos al Gobierno turco 2009 ha sido el año «de la iniciativa democrática» (habría que ver qué se entiende en esos círculos por democracia), este 2010 debería ser el «de la reforma militar». Si los intentos de soluciones negociadas al conflicto kurdo levantan sarpullidos y maniobras de los poderes fácticos, cualquier intento de reformar uno de los pilares del status quo turco puede provocar reacciones golpistas contra el AKP.

El supuesto intento de atentado contra el viceprimer ministro iría en esa línea. Por ello destaca la decidida respuesta del Gobierno y de algunos de sus aliados (Policía y algún sector del poder judicial) que no han dudado en actuar contra varios militares, e incluso han «osado» por primera vez en la historia moderna de Turquía a registrar los cuarteles militares del Comando de Fuerzas Especiales, todo un icono dentro del aparato del status quo del país.

Estos movimientos permiten entrever un importante pulso entre las diferentes instituciones del Estado turco, centrando la atención en el que mantiene el Gobierno del AKP con los militares, presentándose éstos como los más firmes garantes del régimen reaccionario que ha dominado la política turca en las últimas décadas.

En los últimos años, una serie de incidentes (2007, varios generales retirados son detenidos por su vinculación a la «red Ergenekon»; 2009, el jefe del Estado Mayor turco menosprecia las pruebas aportadas en ese caso) han puesto de manifiesto ese enfrentamiento.

Algunos incluso van más allá, y señalan la existencia de importantes tensiones dentro incluso de las diferentes instituciones del Estado. En ese sentido dentro del propio Ejército conviven diferentes grupos de presión que podían estar buscando un mejor acomodo en el futuro escenario del llamado «laboratorio turco», mientras que otros estarían buscando un cierre de filas en torno a «los principios fundadores de la República» (sustentadores de todos sus privilegios).

Turquía tiene todavía muchos retos ante sí. El panorama político nos presenta una oposición que rechaza cualquier reforma (iniciativa kurda, nueva Constitución, reformas judiciales...), y que no duda además en solicitar la «ayuda» de sus aliados en ese entramado burocrático tejido durante tantos años (Ejército y Judicatura) para eliminar a sus oponentes y adversarios.

Además, podemos observar cómo importantes figuras de alto rango militar también quieren compaginar su responsabilidad con ambiciones políticas, mientras que muchos jueces no dudan en actuar por impulsos políticos (la reciente ilegalización del DTP es una clara muestra), en aras de ocultar otros casos (Ergenekon) o entorpecer cualquier iniciativa reformadora (kurdos).

Esos sectores, representantes de la «elite autoritaria del kemalismo», se niegan a perder sus cuotas de poder, y que el mismo pase a manos de las fuerzas de la periferia económica y social del país.

De ahí que cualquier iniciativa innovadora encuentre una fuerte resistencia entre esas fuerzas del «antiguo régimen», temerosas de perder el monopolio de poder que hasta ahora han sustentado.

Probablemente el AKP ha contribuido, con su indecisión en ocasiones o por las dificultades del propio Estado turco, a esta situación. No en vano, conviene recordar que en este período que gobierna el AKP las muestras de doble rasero han sido continuas. Así, mientras se pone en marcha el proceso Ergenekon para acabar con esa red golpista, el Gobierno acepta la detención y encarcelamiento de representantes políticos kurdos, frenando las esperanzas del proceso de paz. O al tiempo que dice perseguir al crimen organizado y a las «fuerzas antidemocráticas» dentro del propio Ejército, encarcela a periodistas que sacan a la luz pública los trapos sucios de esos actores golpistas.

A ello cabría añadir que durante estos años las violaciones de derechos humanos (torturas, cierre de medios de comunicación) han aumentado considerablemente. La aprobación de la nueva ley de la Policía (que ha permitido el auge de la política de tirar a matar), o los ataques contra los derechos de la infancia (con niños inmersos en procesos «antiterroristas») apuntan también en esa línea claramente deficitaria.

Los derechos políticos también han sido duramente castigados durante ese periodo. La reciente ilegalización del DTP kurdo (cuarta fuerza del Parlamento turco), las masivas detenciones de cargos públicos y militantes del mismo, o el doble rasero judicial, que persigue y encarcela a diputados kurdos mientras que permite que cerca de trescientos parlamentarios turcos, acusados de corrupción, se aprovechen de la inmunidad parlamentaria para esquivar los juicios.

El cruce de caminos está cada vez más cerca, y al llegar al mismo algunas voces no dudarán en sacar a relucir todo ese déficit democrático del Estado para frenar el acceso de Turquía a la Unión Europea.

Esa muestra de falsa moral por parte de los actores occidentales (más de uno debería intentar pasar el mismo test para lograr el llamado label democrático) será sin duda alguna uno de los condicionantes del futuro turco.

Sin embargo, no conviene cerrar las puertas a otras posibilidades, y que finalmente Ankara adopte una postura diferente en materia de política exterior (manteniendo a su libre albedrío la situación interna del país) y adoptando un papel de potencia regional, algo que lleva desarrollando desde hace algún tiempo en Asia Central o en Oriente Medio, sabedora además de la importancia geoestratégica que representa hoy en día y que le hace seguir siendo un aliado fundamental para cualquier actor que pretenda tener protagonismo en esta conflictiva región.