(...) En la actualidad, los posibles cambios en las fronteras de los estados suscitan resistencias, sobre todo entre aquellos para quienes tal cosa supone perder un mundo mental heredado. Pero este siglo probablemente verá cambios pacíficos de fronteras a tenor del deseo expresado por las poblaciones afectadas. Este es un tema en el que los estados democráticos se han comportado hasta ahora mucho más como «estados» que como «democráticos». Pero las cosas están cambiando, y no hay ningún argumento definitivo, de carácter moral o funcional, que establezca la superioridad de las fronteras actuales. Más bien hay argumentos para establecer secesiones pacíficas cuando se establecen reglas claras sobre las mayorías exigidas, los plazos temporales entre consultas y las posibles compensaciones en caso de secesión. Este es el sentido de la famosa «opinión jurídica» del Tribunal Supremo canadiense de 1998, cuando fue preguntado por la legitimidad de una posible secesión de Quebec. (...) La Constitución no es vista allí como una cárcel normativa de la que nadie puede salir, sino como un acuerdo político y temporal basado en cuatro principios: federalismo, democracia, Estado de derecho y respeto a las minorías. Un acuerdo siempre abierto y revisable según la voluntad de los distintos demos del estado.

En el caso de Catalunya, el paisaje ha cambiado tras el proceso de reforma del Estatut del 2006. El resultado ha sido decepcionante en los tres aspectos principales que motivaron la reforma -el reconocimiento formal de la realidad nacional catalana; la obtención de un autogobierno bien protegido del expansionismo del poder central, tanto en la esfera estatal como en la esfera internacional, y poder disponer de infraestructuras y recursos económicos que permitan a Catalunya ser un actor con proyección en el mundo (con una «solidaridad razonable», y no basada en el expolio). El Estatut es hoy una pieza pequeña y defectuosa salida de la caótica fábrica de su proceso de elaboración. De hecho, el Estado de las autonomías está acabando por convertirse en un engaño para Catalunya y el País Vasco, es decir, en lo contrario al espíritu de la transición.

La próxima sentencia del TC no será irrelevante. Pero hoy este ya no es el tema de fondo. Diga lo que diga este «tribunal político», hoy completamente desprestigiado, señalará un terreno de juego que le queda estrecho a buena parte de los ciudadanos de Catalunya. (...) El proceso de cambio rupturista se adivina complejo, pero la dirección parece clara: si el Estado y la cultura política de los partidos nacionalistas españoles (PSOE y PP) no cambia, dejando de ser arrogante y el estilo autoritario y de vocación homogeneizadora, lo más conveniente en un contexto global es ir construyendo una legalidad estatal propia. Este es un proceso más de hacerlo que de decirlo, tanto desde las instituciones y partidos como desde la sociedad civil. De una forma pacífica y transversal, pero contundente y sabiendo adónde se va. (...)