Irak cerró el año 2009 con 4.500 fallecidos, la mayoría civiles. La muerte de estas personas ha quedado reducida a esta fría pero dramática cifra que, como mucho, pasará a engrosar las páginas de las hemerotecas. Nadie responderá por el destino que les tocó vivir ni por las circunstancias que propiciaron su fallecimiento. Sólo sus familiares recordarán quiénes fueron, sus ilusiones y proyectos de vida.

En el país ocupado, la muerte y la impunidad campan a sus anchas. El ejemplo más reciente está en la decisión del juez federal estadounidense Ricardo Urbina, que ha desestimado los cargos contra cinco mercenarios de la empresa Blackwater acusados de matar a sangre fría a 17 civiles iraquíes en una céntrica plaza de Bagdad el 16 de setiembre de 2007. Armados hasta los dientes con granadas y armas automáticas abrieron fuego contra las mujeres, niños, hombres y ancianos que había en el lugar.

En una resolución de 90 páginas, Urbina ni siquiera se cuestiona la legalidad de esta acción. El magistrado sólo se detiene en la supuesta vulneración de los derechos constitucionales de los acusados, como si los 17 fallecidos no tuvieran derechos.

En el fondo de la cuestión está el acuerdo de inmunidad firmado entre Washington y Blackwater, reconvertida en Xe, que ofrece sus servicios en Irak, Afganistán y Pakistán, donde, según una investigación del periódico «The Nation», miembros de elite de la compañía participan directamente en un programa secreto para matar a supuestos talibán y milicianos de Al Qaeda.

Xe ve en esta decisión judicial un impulso a su actividad, que la define como «una misión de ayuda a la gente de Irak y Afganistán».