A pesar de que sus altavoces mediáticos trataron de restar importancia a la movilización que se vivió el sábado en las calles de Bilbo en defensa de los derechos básicos de los prisioneros políticos vascos, la reacción de los partidos de obediencia española demostró lo contrario. Así, el secretario general del PSE de Araba, Txarli Prieto, instó ayer a la Audiencia Nacional a que analice el protagonismo cedido por Eusko Alkartasuna, Aralar, Ezker Abertzalea, Alternatiba y AB a los familiares de los represaliados.

«En cierto modo se puede pensar que efectivamente hay una especie de actuación rozando la legalidad, buscando que una prohibición sea más complicada de sostener, asumiendo la convocatoria de partidos políticos democráticos», declaró Prieto. A pesar de ello, tuvo que reconocer que a lo largo de la marcha desde el Sagrado Corazón hasta el Consistorio bilbaino «tampoco hubo determinados signos o consignas que reflejaban en otras ocasiones mucha más cercanía con ETA y con su entorno».

Para el dirigente del PSE alavés hay dos elementos que consideró «nuevos» a valorar. «Por un lado, ¯resaltó¯ cuál es la posición legal de una convocatoria que estaba prohibida y que, al ser asumida por otros partidos democráticos se pone en marcha, y también el que esos partidos políticos democráticos que han asumido esta convocatoria, les ha exigido a los manifestantes tener una actuación de autocontrol mayor y no exhibir algunos elementos que podrían estar en relación a la apología del terrorismo, como lo han hecho en algunas otras ocasiones».

Txarli Prieto incidió en que lo vivido en las calles de la capital vizcaina es consecuencia de la autorización de la convocatoria por parte del tribunal especial español, por lo que dijo no le queda sino aceptar, acatar y respetar la decisión del juez Ismael Moreno. «Estamos ante una situación delicada en la que puede haber dudas, pero lo más importante es que fue la Audiencia Nacional la que autorizó la convocatoria».

No tan condescendiente se mostró el portavoz del PP en la Cámara de Gasteiz, Leopoldo Barreda, quien arremetió contra dos de los partidos convocantes de la marcha: EA y Aralar, a los que tachó de «tontos útiles». «EA y Aralar han servido de pretexto, de tontos útiles o quizá voluntariamente se han prestado a facilitar a Etxerat ese objetivo, que la marcha al final sea un calco de la inicialmente prevista, que el protagonismo les corresponda a ellos -al colectivo de familiares de presos políticos- y que los objetivos sean los que ellos pretendieron», añadió.

Aventuró que el atestado elaborado por la Ertzaintza de la manifestación puede servir a la Audiencia Nacional española para «exigir responsabilidades». Barreda, consciente de que no hubo ningún incumplimiento en lo dictado por el juez Moreno, prefirió insistir en la línea de descalificar a EA y Aralar.

«Políticamente cabe preguntarse a quién servían Aralar o Eusko Alkartasuna en esa marcha, cómo se pueden prestar a esa manipulación o cómo se puede jugar en democracia a equiparar los derechos y las libertades democráticas con las pretensiones de algunos señores, que es lo que ayer se defendía», agregó el parlamentario del PP en Gasteiz.

Para Barreda, en las calles de Bilbo no se produjo «ninguna denuncia de derechos conculcados, sino que se presentó una pretensión política concreta en relación con el cumplimiento de las condenas». «No hay nada equiparable ni que se pueda presentar como una defensa de todos los derechos democráticos; es todo lo contrario, es pretender convertir los objetivos políticos, las pretensiones políticas de algunos en derechos, y eso es lo que evidentemente en democracia no es posible», concluyó Leopoldo Barreda.

Uno de los aludidos por Barreda, Aralar, valoró «de forma muy positiva» la marcha del sábado en la capital vizcaina, ya que, según su vicecoordinador general, Jon Abril, una «mayoría social reclama el fin de la dispersión». En su opinión, «la resolución de la problemática de los presos sería un gran avance en el camino de la paz», por lo que exigió al Gobierno español que «finalice con la dispersión, que respete todos los derechos de todos los presos, y que ofrezca muestras de distensión en materia penitenciaria».

Para Abril, esta reivindicación histórica y mayoritaria en la sociedad de Euskal Herria tendría «consecuencias inmediatas en el camino de la paz, pues ayer se volvió a demostrar que este pueblo ansía la paz y las personas presas, aún no estando en libertad, son personas que tienen derechos».