El Gobierno central acaba de aprobar la reforma legal conocida como «desahucio exprés», que fundamentalmente se basa en la agilización de los desalojos de las viviendas en alquiler por impagos. Los principales ejes de la reforma contemplan la posibilidad, por parte del propietario, de instar al desalojo cuando el inquilino le adeude un mes; la opción de acompañar la demanda con una petición de desalojo; la obligatoriedad por parte del juez a dictaminar sentencia al respecto en menos de seis días; e, incluso, la posibilidad de que el inquilino quede formalmente llamado a juicio sin haberle localizado.

Desde el Consejo de la Juventud de Euskadi-EGK compartimos la preocupación por movilizar la vivienda vacía, ya que venimos reivindicando la necesidad de impulsar y agilizar el mercado de alquiler desde hace tiempo. Pero tenemos la sospecha de que la nueva reforma legal va más encaminada a proteger la propiedad privada e impulsar el mercado inmobiliario que a hacer efectivo el derecho a la vivienda.

El principal argumento que se usa para fundamentar el «deshaucio exprés» es el de la necesidad de movilizar las viviendas vacías y desocupadas. Pero, ¿por qué se va a perseguir ese objetivo con medidas punitivas hacia los inquilinos y no hacia los propietarios -los principales responsables de la situación-? La trampa es pretender identificar al propietario-tipo como a un propietario de pequeña escala, que necesita hacer frente a la hipoteca de una casa que ha adquirido como inversión mediante su alquiler; pero la realidad es que la mayoría de los propietarios son los bancos, las inmobiliarias y las familias más ricas, que debido a la dificultad de vender se decantan ahora por el alquiler. En cambio, la mayoría de los inquilinos no son morosos, no son incumplidores por norma general. Al contrario, son familias, personas jóvenes, inmigrantes e individuos que suelen sufrir contratos abusivos en muchos casos y que en la actual situación de crisis se enfrentan a serias dificultades para hacer frente a los pagos. Aquí se quiere hacer norma desde la excepción y esto no es justo.

Con esta reforma que ha entrado en vigor el pasado 24 de diciembre, se corre el riesgo de dejar en situación de desprotección total y de exclusión social a mucha gente. Por ejemplo, en el caso de las personas jóvenes, que sufren unas tasas de desempleo que doblan a las del resto de la población y una temporalidad laboral generalizada, el hecho de que con tan solo un mes de impago se pueda hacer efectivo el desahucio es alarmante... Esta ley en este momento es, cuanto menos, sarcástica.

Por otro lado, no vemos cómo se va a atajar el principal motivo por el que las personas optan por la compra en vez de por el alquiler: los altos precios del arrendamiento y la falta de alquiler protegido y social, una asignatura pendiente que debería ser el eje de toda política de vivienda.

Sería más justo dirigir acciones legales hacia la acumulación de propiedades inmobiliarias en desuso. Por lo tanto, creemos que hay que movilizar viviendas vacías e infrautilizadas sí, pero combinando para ello incentivos y programas de intermediación entre los propietarios y los inquilinos, con otras medidas punitivas, en la línea de las expropiaciones.

Para ello, sería positivo implementar un impuesto específico sobre toda vivienda que no constituya la residencia legal y efectiva de ninguna persona, y también habilitar medidas de movilización directa de las viviendas permanentemente vacías por parte de la administración pública (requisa temporal para su puesta a disposición en alquiler). Al fin al cabo, del mismo modo en que es socialmente asumida la necesidad de expropiar terrenos en intervenciones de regeneración urbana, es preciso empezar a plantear y prever la necesidad de regular y ejercer la expropiación de vivienda en determinados casos y contextos, ya que tener una vivienda vacía es un lujo que como sociedad no nos podemos permitir y que conlleva unos costes sociales y medioambientales importantes.