El Frente Polisario emplazó a la comunidad internacional a intervenir para detener las operaciones militares de Marruecos en los territorios ocupados y las violaciones de derechos humanos, y para lograr la excarcelación de los presos políticos.

En una reunión presidida por el jefe de Estado de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, el Secretariado Nacional rechazó «las continuas campañas de represión, arrestos, enjuiciamientos injustos y acoso contra ciudadanos, estudiantes y activistas de derechos humanos saharauis en los territorios ocupados, el sur de Marruecos y las universidades marroquíes».

En este contexto situó la detención y encarcelamiento el 8 de octubre en Casablanca de siete activistas cuando regresaban de visitar los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y el arresto domiciliario de Aminatu Haidar, que el 17 de diciembre volvió a El Aaiún tras permanecer 33 días en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote para exigir su regreso a El Aaiún, desde donde fue expulsada el 14 de noviembre. Las autoridades marroquíes prohibieron cualquier acto de recibimiento y reprimieron cualquier intento de manifestación.

La propia Haidar, miembro del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos, pidió a la comunidad internacional que «salve la vida» de los siete activistas, que podrían ser condenados a entre 15 y 20 años de prisión o la pena de muerte por delitos como «traición a la patria» o «espionaje».

El Frente Polisario denunció también las operaciones aéreas y terrestres del Ejército en el Sahara ocupado y las medidas para fortalecer y mejorar las defensas del «muro de la vergüenza» construido por Marruecos y que separa a los saharauis. «Este militarizado muro representa una amenaza real para la seguridad y la paz y un crimen contra la humanidad. Es el momento de derribarlo», resaltó.

Incidió en que «estos movimientos y mejoras suponen una flagrante violación del alto el fuego en vigor entre el Ejército saharaui y marroquí suscrito bajo los auspicios de la ONU para permitir un referéndum de autodeterminación».

Por ello instó a la ONU a asumir «sus responsabilidades y poner fin a esta peligrosa política de escalada que no facilita el entorno necesario para las negociaciones directas entre las dos partes del conflicto y para garantizar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia conforme con las resoluciones del derecho internacional».