Todavía con el eco de la impresionante manifestación por la repatriación de los presos y en defensa de sus derechos pitando en los oídos de quienes allí estuvieron, de quienes no pudieron ir, de quienes no quisieron estar y de quienes desearían que nadie hubiera ido, llegan noticias desde las cárceles españolas y francesas. El Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas (EPPK por sus siglas en euskara) anuncia una nueva dinámica que comienza hoy en defensa de sus derechos y contra la estrategia de los estados que los tienen reos. Además de agradecer la solidaridad de la sociedad vasca y recordar a quienes han sufrido de manera más grave las consecuencias de ese compromiso con los derechos de los presos y/o con su lucha -con mención especial para las 37 personas que han muerto víctima de la política penitenciaria, para el edil de Villabona que resultó muerto en el marco de la campaña de instigación del Departamento de Interior el pasado verano, Remi Ayestaran, y para quien fuera su compañero durante veintiún años y ahora desaparecido, Jon Anza, todos ellos invisibilizados para gran parte de la sociedad-, el Colectivo analiza una coyuntura marcada por la escalada represiva programada por el Gobierno de Madrid. Tal y como señalan, «la situación política general y la situación en la cárceles van de la mano», por lo que no es difícil inferir que, visto el endurecimiento en la postura negacionista del Gobierno español, la situación en las cárceles se haya también agravado.

Junto a las peticiones básicas y concretas que realizan en su comunicado -el fin de la dispersión, la excarcelación de quienes están gravemente enfermos, de quienes han cumplido la parte de la condena necesaria para acceder a la condicional, la paralización del alargamiento de las condenas y la puesta en libertad de los más de cincuenta presos a quienes se ha aplicado tal arbitrariedad, así como el fin de los cacheos y del aislamiento-, los presos vascos exigen que les reconozcan y respeten su estatus político. Los estados se lo niegan, aunque vista la crueldad con que los tratan no cabe duda de que la tienen. Ellas y ellos, por su parte, lo reivindican al apostar por un «proceso democrático fuerte».