La decisión de cerrar una página web, en manos del juez
El Consejo de Ministros español aprobó ayer las medidas con las que pretende acabar con la piratería en internet y que prevén que el cierre o bloqueo de una página web que infrinja la legalidad se introduzca siempre por orden judicial. Esta nueva iniciativa ha suscitado la crítica de los internautas, quienes califican de «atajo» la alternativa del Gobierno de Madrid, mientras que los productores audiovisuales se mostraron de acuerdo con la decisión tomada.
GARA |
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, remitido ayer por el Consejo de Ministros español, contempla que sólo un juez puede determinar el bloqueo de una página web. La Audiencia Nacional española será así la competente en esta materia y la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, la encargada de investigar si se producen actos lesivos en la red.
En primer lugar, ese órgano se dirigirá al titular de la página web que supuestamente infrinja los derechos de propiedad intelectual para instarle a que retire los enlaces. Si ese titular no responde a la petición de la Comisión, entonces ésta lo pondrá en conocimiento de la Audiencia para que se autorice el cierre de la página. Una vez que el juez reciba el informe de la Comisión, tendrá un plazo máximo de cuatro días para convocar a las partes implicadas y decidir si adopta alguna medida de cierre o bloqueo de la web.
La ministra española de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró que ésta es «una propuesta equilibrada», desarrollada en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el Consejo remitió ayer a los órganos consultivos. La medida pretende armonizar, dijo la ministra, los derechos de todos, «de los ciudadanos como usuarios de la red y de quienes viven de la cultura».
Según González-Sinde, «el Gobierno ha aprobado una propuesta que permite a la Administración actuar contra unos cuantos que se enriquecen ilegalmente en la red, mientras se da la última palabra a los jueces, que deberán decidir rápidamente». Asimismo, aclaró que la propuesta «aún puede ser debatida y modificada en las Cortes». En primer lugar, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible debe ser aprobado en el Parlamento español y, posteriormente, un reglamento desarrollará todos estos detalles, por lo que se prevé que no entrará en vigor hasta el próximo verano.
En contra
Esta nueva iniciativa, sin embargo, ha suscitado las críticas en el seno de las asociaciones de internautas, al entender que se trata de un «atajo» del Gobierno español. Entre otras soluciones, proponen la eliminación de la disposición de esta medida del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y el desarrollo de una nueva regulación a través de una ley orgánica «en condiciones».
El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, explicó que «si afecta a derechos fundamentales como es el `espiar' comunicaciones electrónicas o decidir si hay que cerrar o no una web, esto tiene que ir bajo la regulación de una ley orgánica cuanto menos. Está claro que están haciendo vericuetos: si hasta ahora los jueces han sobreseído este tipo de casos, ¿cómo el Gobierno antepone ahora estas decisiones judiciales», preguntó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez-Subías, aseguró que se trata de una medida «innecesaria», ya que entiende que es un «apaño». «Tanto en la conexión como en las páginas webs, confluyen una serie de derechos fundamentales que requieren una resolución judicial, que el juez se moje», afirmó.
Así, Pérez-Subías apuntó que esta nueva situación jurídica podría llevar a «casos extremos» de cierre de buscadores como Google. «Los buscadores tienen millones de enlaces con sitios de páginas webs de descargas no autorizadas. Pongo este ejemplo para que se vea hasta dónde se podría llegar y que el elemento decisorio tiene que entrar hasta el fondo».
Ambas asociaciones tienen pensado reunirse hoy junto a ciudadanos y artistas para «plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en internet. «Tenemos la sensación de que el Gobierno ha intentado aplicar el dicho de divide y vencerás, pero, en esta ocasión, no lo va a conseguir», matizó.
A favor
El punto de vista de los productores audiovisuales, sin embargo, es totalmente opuesta a la presentada por los usuarios de internet. FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles) está conforme con la medida impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Además de las advertencias y las primeras medidas, que será responsabilidad de una Comisión independiente, la última decisión corresponderá a un juez».
La FAPAE manifestó su conformidad mediante un comunicado, y aplaudió la medida al señalar que, con esta decisión, el Estado español «se equipara al resto de países del mundo (a excepción de China, que es el mayor consumidor de películas descargadas por internet), promoviendo un mercado legal y evitando que las empresas organizadas que trafican de forma ilegal con obras ajenas queden impunes».
«FAPAE valora las importantes novedades legislativas que se están produciendo en el panorama audiovisual en los dos últimos días, con la aprobación el jueves de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se enmarca en la necesidad de ordenar el actual panorama audiovisual».
Cuando se unen en un punto la economía real y la moral o la moralidad, la mezcla resulta prácticamente inviable por lo que las opiniones de unos y otros chocan de lateral, de manera frontal o por la tangente, aunque se trate de agentes del mismo sector. Para Marino Goñi, presidente de Euskal Herriko Diskoetxeen Elkartea todo esto llega con bastante retraso: «Hemos estado absolutamente desprotegidos, los poderes públicos han tardado tanto en reaccionar que nuestro sector prácticamente ha desaparecido. La norma llega tarde pero llega y esperemos que se aplique con equidad y buen sentido. Los productores independientes que editamos a ras de suelo, lejos del mundo multinacional, podremos respirar y seguir trabajando, como siempre lo hemos hecho, dando a conocer la música que se hace en nuestro país. Tambien es el momento de acordarnos de los que se quedaron en el camino, que no son pocos». Según Ritxi Aizpuru, de Baga-Biga los gobiernos y el poder «han apostado por la cultura del ocio, del aburrimiento y por la cultura vacía. Esa cultura no me interesa. El pensamiento crítico y la cultura crítica no tienen ningún problema por el cierre de las webs. La actual situación de gratuidad de la música y del cine, la han conformado esas grandes `multis', pero ya no hay posibilidad de marcha atrás. En cualquier caso, no a ninguna cultura de represión». Desde el recién estrenado sello Brian's Records, el veterano José Angel Serrano apunta que está en contra de toda censura y de todo cierre de webs, pero afirma que es necesario que se le dé valor a una canción, sea 0,20 centimos o un euro. No es una cuestión de prohibir, sino de educar a los críos y reeducar a los mayores». P. C.
