Es difícil, para quien no ha conocido en primera persona ese calvario, ponerse en la piel y en la cabeza de un torturado. También es cierto que mucha gente no es capaz de hacer el humano ejercicio de ponerse en piel ajena. Menos aún en el caso de la tortura, donde la negación, la mala conciencia o una pretendida desinformación ejercen de escudo psicológico y político para una gran parte de la sociedad, de todas las sociedades. Ni qué decir de los responsables políticos que la diseñan, amparan o promueven. Lo cierto es que de ese ejercicio de empatía -como de cualquier ejercicio destinado a colocarse en la situación del otro, especialmente del adversario- se pueden sacar grandes lecciones vitales y, por qué no, políticas.

Tras leer la entrevista a Pello Olano (GARA, 2010-1-16), vecino de Lizartza detenido la semana pasada y condenado preventivamente a prisión a pesar de haber denunciado torturas y negado la declaración autoinculpatoria realizada en comisaría, la primera reflexión tiene relación directa con la sofisticación de la tortura. Pese a lo que se podría pensar, Olano denuncia que en el Estado español las torturas del siglo XXI pueden llegar a ser más duras y graves que las del siglo pasado. Lo dice alguien que estuvo detenido en régimen especial en tres ocasiones durante la pasada década de los 80.

Una segunda reflexión lleva a pensar sobre la impunidad de la que goza la tortura y los torturadores. Algo teóricamente inconcebible no sólo en el siglo XXI, sino especialmente en Europa. Pero ayer mismo, día en que GARA publicaba la entrevista con Pello Olano, el presidente del Comité contra la Tortura del Consejo de Europa, Mauro Palma, relataba en el diario «El País» que es así, que en Europa se sigue torturando. El jurista italiano sostiene que hay muchos «casos y denuncias muy creíbles» y añade que «el momento peor es el que sigue a los arrestos». Su descripción coincide con la denuncia de Olano. «Europa está pasando del derecho penal del reo al derecho penal del enemigo», afirma Palma, un experto que al recordar su visita al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo lo define como un sitio «en el que podía pasar de todo y daba miedo entrar». Sin embargo, si atendemos a la información dada por el diario madrileño sobre la detención del vecino de Lizartza, el periódico afirmó que Olano había declarado ante el juez Fernando Grande-Marlaska en el mismo sentido que defiende la Guardia Civil, cuando en realidad lo que hizo fue negar los cargos y denunciar esas torturas. Esta denuncia no ha aparecido reflejada en los medios españoles, lo que, paradójicamente, refuerza el argumento de Mauro Lama de que «algunos países aún colaboran para dar impunidad a los torturadores».

Por último, la entrevista de Olano invita a una reflexión política más general. El caso de Lizartza, donde el Partido Popular gobierna con 27 sufragios en un pueblo en el que la mayoría de sus 600 habitantes votó por una candidatura independentista ilegalizada por los tribunales españoles en base a la Ley de Partidos, es elocuente por sí mismo. Pero la entrevista al vecino de esa localidad tiene otro elemento reseñable. Tras relatar las torturas que sufrió durante el periodo de incomunicación, Olano no duda en animar a sus conciudadanos y defiende que «por encima de todos los obstáculos, hay que traer la libertad y la paz a este pueblo, por el bien de todos». Si tras sufrir la aplicación de «la bolsa», infinidad de golpes y constantes amenazas contra él y sus seres queridos la primera reflexión de un torturado es reafirmar su compromiso con la paz y la libertad, está claro que los objetivos de quienes ordenaron y de quienes le infligieron esas torturas -generalizar el miedo, empujar a abandonar la militancia, buscar la renuncia a legítimos objetivos políticos...- tienen poco futuro.

ETA por boca de ETA, no de Rubalcaba

Tras semanas de todo tipo de especulaciones y filtraciones sobre disensiones internas dentro del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, ETA hace público hoy un comunicado en el que, entre otras cuestiones, hace suyas las palabras de la izquierda abertzale, apuesta por un proceso democrático, anima al pueblo vasco a activarse y participar en él, reivindica la importancia de la lucha política, pone en valor la unidad de ese movimiento político y asume la declaración de Altsasu que hace referencia a los denominados Principios Mitchell. No faltará quien insista en que no se trata de «nada nuevo», que es «un paso insuficiente» o que «aunque positivo, deben ir más allá». Quienes, voluntariamente o por inercia, mantienen la rendición del independentismo como única estrategia válida y la escisión de la izquierda abertzale como táctica realista para este momento deberían empezar a cambiar su guión. Lo cierto es que este comunicado zanja especulaciones estériles e interesadas, ataca directamente la línea de flotación de los securócratas del Estado y, de crear discrepancias, las generará entre quienes dentro de las instituciones del Estado defienden la vía policial y quienes son conscientes de que la resolución del conflicto vasco vendrá a través del diálogo y la negociación. La independencia, en todo caso, seguirá llegando a través de la lucha y del compromiso.