Ambos acontecimientos están ligados al futuro inmediato de Sudán, ya que de confirmarse las tendencias independentistas del sur, deberíamos conocer dos nuevas realidades estatales. Ante la proximidad de estas citas electorales, los dirigentes de Jartum estarían maniobrando para hacer inviable la opción independentista, utilizando toda una batería de medidas «legales» y otras destinadas a desestabilizar las regiones del sur.

Desde la firma del acuerdo, el norte de Sudán se ha esmerado en demorar y retrasar su implementación, incumpliendo importantes aspectos. Tampoco ha realizado las reformas que se le exigían, lo que pone en duda la voluntad de respetar lo acordado, así como la celebración de elecciones transparentes y libres el próximo abril.

El censo, que se ha completado tarde y mal, ha dejado fuera a los desplazados de Darfur y a otras comunidades del sur con la intención de buscar un «cambio demográfico» favorable para sus intereses. A ello se une el retraso en las elecciones, que se debían haber celebrado en julio de 2009, y del propio referéndum, previsto para este enero.

Jartum tampoco ha cumplido otros temas clave como la desmilitarización o el pacto sobre la explotación de los recursos petrolíferos.

También intenta reescribir o, en su caso, reinterpretar el acuerdo, poniendo en duda el ejercicio del derecho de autodeterminación y fijando nuevas condiciones (control del petróleo) inaceptables para el sur.

El Gobierno ha llegado a exigir el 75% del voto para aceptar la secesión y pretende que en la papeleta se pregunte sobre la secesión y la unidad, mientras que los dirigentes del sur prefieren una única pregunta (sí o no). Teniendo en cuenta la alta tasa de analfabetismo del sur de Sudán, es clave simplificar al máximo la pregunta.

Es evidente también que los enfrentamientos comunales en el sur de Sudán están siendo utilizados para dar esa imagen de violencia descontrolada e inseguridad, que pondría en tela de juicio la capacidad del Gobierno del sur para corregirlos.

Así, los robos de ganado o las disputas en torno a las tierras han entrado en un escenario donde las manipulaciones políticas y el auge de armamento moderno han desembocado en los violentos enfrentamientos de los últimos meses -con cientos de víctimas civiles- y en un grado de violencia que no se conoció en el pasado.

Jartum está utilizando los lazos con sus aliados sureños durante la guerra, ubicando a algunos de éstos en puestos claves dentro de las Fuerzas Armadas desplegadas en el sur. Tampoco ha dudado en utilizar al Ejército de Resistencia del Señor (LRA), permitiéndole atemorizar y asaltar a la población local.

Los enfrentamientos son un fenómeno recurrente en el pasado del sur de Sudán. Las disputas más comunes están ligadas a los pastos del ganado (la economía, prestigio y sustento de muchas comunidades depende del ganado), al agua y la pesca y a los conflictos familiares.

La larga duración de la guerra ha traído consigo la aparición de otro tipo de enfrentamientos. Aunque la propiedad de la tierra y su uso siguen en el centro de buena parte de las pugnas, han estado en buena medida condicionadas por el elevado número de desplazados por la guerra. Éstos van a demandar determinados derechos sobre la propiedad, al tiempo que van a ser fuente de crisis con la llamada autoridad tradicional o con la separación de familias.

Los mecanismos tradicionales para la resolución de conflictos se han dañado seriamente a consecuencia de la guerra y la consiguiente militarización de la sociedad.

Además de enfrentarse a la actitud desestabilizadora de Jartum, el sur posee mecanismos de justicia y administración inadecuados, una pobre red de carreteras, inseguridad alimenticia, problemas de acceso al agua que hacen más difícil la construcción de un proyecto estatal.

Algunos incluso auguran un peligroso escenario tras las elecciones de abril. Una victoria de Al-Bashir le puede abrir camino a Jartum para buscar fórmulas «legales» para rescribir o reinterpretar el Acuerdo de Paz, cerrando las vías al referéndum. También podría aprovechar la oportunidad para ocupar militarmente las zonas petrolíferas, o acentuar sus maniobras desestabilizadoras empujando al sur a un enfrentamiento armado.

Conviene recordar el papel de los colonizadores británicos, que «traicionaron» a los representantes del sur, que aún siendo partidarios de una fórmula federal para Sudán, aceptaron la declaración unilateral de «unidad» propuesta por las élites árabes del norte y sus aliados en Egipto. El resultado fue una guerra abierta hasta que en 2005 se firmó el Acuerdo de Paz, basado en el derecho de elegir, una salida pacífica al conflicto.

En el caso del sur de Sudán, la mayoría de la población demandó, luchó y logró poder ejercitar esos derechos (las últimas encuestas señalan que cerca del 90% de la población es partidaria de un estado independiente). Eso es, al menos, lo que recoge el Acuerdo de 2005.

Esta resolución no es una cesión o regalo del norte hacia el sur; «se sustenta en el establecimiento de un método pacífico, logrado a través de una negociación a nivel local, regional e internacional».

Como señalan algunos dirigentes sureños, «nuestro derecho de autodeterminación significa literalmente nuestro derecho a ser un Estado independiente».