El Gobierno israelí no se siente en absoluto responsable de los daños que sus aviones y soldados ocasionaron en las infraestructuras civiles de la Franja de Gaza durante la operación «Plomo fundido», que acabó con la vida de más de 1.400 palestinos y destruyó edificios clave de este territorio con el objetivo de aterrorizar a la población.

En su respuesta al conocido como informe Goldstone, filtrada parcialmente por el rotativo estadounidense «The New York Times», Tel Aviv alega que Hamas empleaba estos edificios con «fines terroristas», por lo que decidieron bombardearlos e invadir la Franja.

El informe Goldstone sostiene, por ejemplo, que la destrucción de la única fábrica de harina de Gaza, la fábrica Bader, se debió al ataque de un avión, posiblemente un F-16.

Israel, en cambio, dice tener pruebas fotográficas que demostrarían que fue destruida accidentalmente por fuego de artillería durante los combates con milicianos palestinos.

Goldstone recoge también la demolición de una planta de tratamiento de aguas residuales que provocó una auténtica riada de aguas fecales en Gaza por un potente misil israelí lanzado de forma «deliberada y premeditada». En su línea, el Gobierno israelí lo atribuye a disparos de Hamas. La lista continúa con granjas avícolas, pozos, una cementera y unas 4.000 casas.

Desde un primer momento, las autoridades israelíes se negaron a cooperar con la investigación y restaron importancia a las conclusiones del jurista Richard Goldstone. Para el primer ministro Benjamin Netanyahu, forman parte de los «desafíos estratégicos del país junto al problema nuclear iraní y los cohetes contra nuestros civiles».