El 18 de enero del 2009 terminó uno de los más brutales ataques del ejército israelí a la Franja de Gaza, violando los acuerdos del Derecho Internacional Humanitario y lo establecido en los Convenios II y IV de Ginebra. Una de muchas acciones violentas que el autoproclamado Estado de Israel ha ejercido sobre el pueblo palestino desde que comenzara la ocupación sionista de lo que antes de 1948 fue la tierra de las y los palestinos.

Los 23 días de asedio, bombardeos (muchos de ellos con munición internacionalmente prohibida, como el fósforo), asesinatos y todo tipo de violaciones de los derechos humanos provocaron 1.434 muertos, de los que 960 eran civiles y 288 niños y niñas.

Antes del ataque, la población de Gaza, donde el 70% son refugiados y refugiadas, se encontraba ya en una situación de especial vulnerabilidad, porque tras la toma de poder en Gaza por Hamás en 2007 (después de ganar las elecciones democráticas de 2006), Israel y la Comunidad Internacional impusieron un bloqueo a la Franja limitando la entrada de víveres, medicinas, gasolina, agua y ayuda humanitaria, lo que provocó que la tasa de pobreza pasara del 29% en 2004 al 81% en 2008; fue este bloqueo y el cierre total de las fronteras de Gaza el que impidió la salida de la Franja de los y las civiles gazatíes durante los 23 días que duró el último ataque, violando el Estado de Israel el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra: la potencia ocupante no podrá retener a las personas protegidas en una región particularmente expuesta a los peligros de guerra, a no ser que la seguridad de la población o imperiosas razones militares así lo requieran (art.49). Y éste sólo es un ejemplo.

La comunidad internacional se mostró impasible a la hora de exigir al gobierno israelí el fin de la ofensiva, pero sí se apresuró a comprometerse con la reconstrucción de la Franja; una reconstrucción que aún hoy es imposible, dado que aunque las armas hayan callado, el bloqueo continúa sobre todo el territorio, prohibiendo la entrada de materiales para la reconstrucción de viviendas, hospitales y escuelas con la excusa de que los materiales podrían ser utilizados por «los enemigos de Israel» para fabricar artefactos explosivos. La «seguridad» es el argumento esgrimido para justificar todas aquellas medidas que tienen que ver con el bloqueo a la Franja de Gaza, y con esto se pretende legitimar el desarrollo de políticas racistas, segregacionistas y anexionistas que comúnmente se denominan apartheid. Según Rafael Escudero Alday, Profesor Titular de Filosofía de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, «la seguridad se invoca no para generar un espacio de ausencia de miedo entre las personas o para disminuir el riesgo de verse afectado por alguna de sus amenazas, sino más bien para reprimir y sancionar lo diferente, lo distinto o, simplemente, lo más pobre, indefenso y vulnerable».

Ante la ausencia de respuestas sancionadoras a Israel por parte de la comunidad internacional, nos queda la presión que desde nuestra sociedad civil podamos ejercer contra un estado que se autodenomina «democrático». Una de las alternativas que ha ido forjándose durante varios años es la del Boicot; boicot a todo lo relacionado con Israel (productos, empresas, universidades, cultura); un boicot contra un estado militarizado, que invierte la mayoría de sus recursos económicos en «seguridad», es decir, en armamento para uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Un movimiento que nace en 2005 desde los Territorios Ocupados Palestinos (Campaña BDS) y que, a día de hoy, cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones israelíes no sionistas, palestinas y europeas.

Los boicots son un medio cívico para cambiar situaciones de injusticia y violencia institucional y avanzar hacia la justicia y la paz. Una de las campañas para el boicot de productos procedentes o hechos en Israel es la del número 729 al inicio de los códigos de barras, que indica que el producto es de origen israelí. Con el boicot mostramos nuestro rechazo a la ocupación sionista; cancelar sus fuentes de apoyo económico y no económico constituye un método efectivo y no violento de resistencia y solidaridad que parte de nuestra responsabilidad humana cambiando hábitos sencillos del día a día.

Por ello, tras un año del ataque a Gaza, tras 62 años de ocupación y violación sistemática de los derechos humanos de las y los palestinos, y porque Israel está llevando a cabo un lento genocidio contra el pueblo palestino con la complicidad de la comunidad internacional, Paz con Dignidad, el Centro Cultural Palestino Biladi y la red Mewando, haciéndose eco del llamamiento de las organizaciones palestinas, instan a la sociedad vasca a impulsar el boicot a Israel, porque los ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos la capacidad de incidir políticamente en tanto que consumidores. Esto es poder y también responsabilidad.