El convenio para confeccionar un mapa de las fosas de fusilados, previsto en la Ley de Memoria Histórica, será suscrito por los gobiernos autonómicos de la CAV, Catalunya, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Cantabria, pero no por los gobiernos de las comunidades controladas por el PP ni por UPN. La firma de este convenio estaba prevista para el pasado 21 de diciembre, pero el temporal de nieve impidió a los representantes autonómicos acudir a la cita con Caamaño.

En los acuerdos se establece que las administraciones autonómicas aporten datos al mapa de las fosas de fusilados, cuya elaboración corresponde al Ministerio de Justicia en todo el Estado. Una vez finalizado, los datos recogidos se darán a conocer mediante una página web.

El Ministerio de Justicia y las autonomías establecerán unos parámetros comunes para realizar este mapa y crearán una base de datos con información sobre su ubicación, características, intervenciones que se han realizado y datos de las personas allí enterradas, si hubieran sido identificadas.

Según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, hubo 1.900 desaparecidos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, 3.338 en Catalunya, 42.131 en Andalucía (otras asociaciones hablan de 53.665 víctimas enterradas en 648 fosas), 8.851 en Castilla-La Mancha, 9.538 en Aragón, 9.486 en Extremadura y 2.535 en Cantabria.

Sin contar con las asociaciones

Aunque a priori no considera mal que se elabore un mapa de las fosas, Ahaztuak 1937-1977 constata el «desconocimiento» que ésta y otras asociaciones similares, e incluso los familiares de las propias víctimas, tienen del citado acuerdo. «Desde ningún estamento nadie se ha puesto en contacto con nosotros para realizar un contraste o recabar nuestras opiniones o aportaciones», lamenta Martxelo Alvarez.

El segundo punto de crítica de Ahaztuak es que en este convenio no se contempla un protocolo de exhumaciones acorde a lo que marca la legislación internacional de Derechos Humanos. «Debe ser la autoridad judicial pertinente la que acuerde las medidas oportunas para ese levantamiento, todo ello en un marco de investigación de los delitos que cometieron las personas que asesinaron o hicieron posible esos asesinatos. De no hacerlo así -advierte Alvarez- puede conllevar la destrucción de las pruebas de los delitos, hacer que las pruebas halladas puedan carecer de validez o que quede rota la cadena de custodia de las mismas y no puedan ser utilizadas en el proceso penal correspondiente que, por descontado, debería abrirse».

También considera que el convenio debería contemplar el deber del Estado de asumir el costo absoluto tanto de las exhumaciones como de las pruebas de ADN de los enterrados para su correcta identificación.