«Este es un problema de voluntad política, no es un problema de dinero. Sin poner un euro más el conflicto de Ariznabarra tiene salida». Arropadas por decenas de trabajadoras de la citada residencia de Gasteiz, Vicky Holgado, presidenta del comité de empresa, e Izaskun Garikano, secretaria general de ELA-Gizalan, tomaron ayer la palabra para explicar en qué estado se encuentra este conflicto laboral, que lleva abierto 23 meses, y acusar a la Diputación alavesa de no hacer nada para arreglarlo. Ni siquiera reunirse con la plantilla, como ilustraron mostrando una carta firmada entre otros por el propio diputado general en respuesta a una petición de reunión.

Garikano y Holgado responsabilizaron al Gabinete de Xabier Agirre y a su partido, el PNV, de permitir que en esta residencia que, recordaron, presta un servicio público, mantenga en este momento 83 plazas vacías y una lista de espera de casi 300 personas. «¿Hasta cuándo la Diputación va a permitir que esto continúe? Es la pregunta que nos hacemos todos y todas», señalaron al respecto.

Frente a las acusaciones de que el conflicto responde a una cerrazón de ELA, desde este sindicato respondieron que se trata de una premisa «totalmente falsa» y expusieron como argumento el acuerdo alcanzado por la plantilla con una tercera empresa dispuesta a hacerse con la gestión de Ariznabarra, puesta a la venta por Mapfre -que tiene la adjudicación de la residencia por 45 años- a finales de 2008.

Esta tercera empresa, según detallaron las trabajadoras, condicionó su entrada en la residencia a alcanzar un acuerdo con la plantilla, y una vez alcanzado éste, señalaron que es posible una salida en la que «el gasto de la Diputación no suba ni siquiera un euro, los beneficios que se obtienen permitan que Mapfre gane dinero y que la nueva empresa gestionadora gane dinero y que a su vez se de una salida a la reivindicación que hace que estas trabajadoras lleven ya 23 meses de huelga».

Por este motivo, dijeron no entender por qué «los responsables políticos de la Diputación no hacen nada para dar una salida a un conflicto de estas características». «Lo único que ha hecho hasta ahora -censuraron- ha sido vetar la entrada de residentes, algo totalmente incomprensible, ya que, a pesar de la mala gestión y de disponer de 83 plazas libres con una lista de espera de casi 300 personas, según el contrato la Diputación ha de pagar el 60% de cada plaza concertada vacía». A este respecto, señalaron que el gobierno alavés está reteniendo ese dinero, «que supone aproximadamente dos millones de euros», y se preguntaron si «ésta puede ser una de las causas que están atascando el proceso».

Manifestación el viernes

Tras considerar «escandaloso» que «pese a las deficiencias del servicio y de la gestión, la Diputación no rescinda el contrato con Mapfre», hicieron un llamamiento a la ciudadanía alavesa a participar en la manifestación que el viernes partirá a las 10.30 desde la plaza de la Provincia.